El anuncio de consenso básico para activar la tramitación parlamentaria de la Ley de Memoria Histórica se vio ayer ensombrecido por las voces que pedían, desde IU, la retirada del apoyo de la formación de izquierdas a la iniciativa socialista.

El diputado de IU y dirigente comunista, Antonio Romero, reclamó ayer al coordinador general de su formación, Gaspar Llamazares, que retire su apoyo al proyecto, porque su contenido es «descafeinado» y «se burla de las víctimas del franquismo».

El dirigente del PCE recordó que el texto no incluye «la anulación expresa de los juicios franquistas», una de las principales reclamaciones de IU. Romero añadió que de no retocarse, la ley no anulará las sentencias del franquismo contra personajes como el padre del nacionalismo andaluz, Blas Infante, o el presidente de la Generalitat catalana Lluis Companys.

El portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido, reconoció la posibilidad de que aparezcan discrepancias en la votación de la ley, aunque estas diferencias serán «excepcionales», porque el conjunto tendrá un amplio apoyo parlamentario. López Garrido no descartó, incluso, lograr «acercamientos» con el PP y ERC, opuestos a la iniciativa.

Sin embargo, su homólogo popular, Eduardo Zaplana, denunció ayer que el proyecto de ley «reaviva tensiones y enfrentamientos, donde tendría que haber unión y superación de conflictos históricos».

Seguirán pidiendo los papeles

La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, aseguró ayer que su ejecutivo seguirá reclamando los documentos incautados a las instituciones vascas tras la Guerra Civil y que están en el Archivo de Salamanca, a pesar de que el proyecto de Ley de Memoria Histórica no contemple esta devolución. Azkarate recordó que antes de tramitar la devolución de los papeles incautados a la Generalitat catalana, el presidente Zapatero aseguró que lo que es válido para Cataluña es válido para las aspiraciones vascas.

¿Divide la ley a los españoles?

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