En declaraciones a los periodistas, la primera edil ha manifestado que "es un atentado grave a la capacidad que debe tener un ayuntamiento" que en este caso "cuenta con un presupuesto, que no es falta de liquidez, para dotarse de mayor plantilla en la Policía Local, en servicios de atención al ciudadano, en Servicios Sociales o en cualquier otro de los servicios donde hay un déficit de personal importante, que impide llevar a cabo la capacidad y obligación de dar servicio a la ciudadanía", ha remarcado.

Además, ve "incomprensible" que se haga con el Ayuntamiento de Córdoba, "cuando no se ha hecho con otras instituciones", de modo que considera que es "un ataque más a la autonomía, la capacidad y la responsabilidad de los ayuntamientos en este tema", a lo que ha añadido que "con un nuevo gobierno en el Estado español hay que exigir mayor sensibilidad a la situación que atraviesan los vecinos".

Así, ha defendido "tener una responsabilidad mayor y una capacidad mayor de autonomía en los ayuntamientos y los gobiernos locales para dotarse como mínimo, cuando tengan liquidez suficiente y las cuentas acompañen, del personal necesario para prestar el servicio".

Si bien, Ambrosio ha advertido de que "si se coarta la financiación con cara a los recursos que necesita un ayuntamiento para prestar los servicios y también se coarta y se mete el tijeretazo a la capacidad para contratar a personal para llevar a cabo la prestación de servicios", según ha agregado, "al final lo que se consigue es ayuntamientos de segunda, que no formen parte del Estado nacional en el que cada uno tiene que asumir sus competencias, responsabilidad y trabajo".

ESTUDIO DE RECURSO

Ante esta decisión, la alcaldesa ha informado de que van a estudiar las posibilidades de recurrir, porque "esa batalla se va a dar en los juzgados", pero le parece que "esto no es un asunto solo de batalla jurídica, sino que es un asunto político con una carga de profundidad que al final es un convencimiento de que por parte de este Gobierno y del PP no se cree en los ayuntamientos, ni en su capacidad para dar los recursos que necesitan los ciudadanos y dotarse de los instrumentos que lo permiten".

Previamente, el primer teniente de alcalde del Consistorio, Pedro García (IU), ha comentado que "las decisiones judiciales hay que respetarlas y acatarlas", aunque ha puntualizado que "es un resultado normal de la interpretación de una ley que hace un gobierno muy de derechas, con Mariano Rajoy", a lo que ha añadido que "Rodríguez Zapatero ya empezó a hacer todo el proceso legislativo que no permite, con la tasa de reposición y la modificación del artículo 135, poder contratar servicios públicos".

No obstante, ha reprochado que "se tiende a una política donde cuando no puedes desde lo público y los ayuntamientos realizar un servicio público, hay una obligatoriedad de que hay que cumplir servicio y se obliga a privatizar", algo a lo que desde el gobierno local se van a oponer "con todas las posibles armas del punto de vista político y jurídico", ha subrayado García.

De hecho, cree que es "una estrategia muy bien planteada desde el ámbito económico de los grandes poderes económicos del país para acabar con lo publico, devorarlo y seguir con el proceso de privatización que se empezó hace muchos años en este país". Por tanto, ha declarado que van a estudiar bien la resolución y "cómo se puede seguir combatiendo la posibilidad de seguir contratando personal para los servicios públicos".

Según ha apuntado sobre la empresa municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco), que él preside, "la tasa de reposición y la ley de estabilidad presupuestaria afectan a las empresas públicas", pero ha asegurado que van a intentar también desde Sadeco "combatir desde el punto de vista jurídico y político".