La campaña, que pretende sensibilizar sobre la problemática de los trabajadores de la dependencia, que necesitan "reconocimiento y mejoras salariales y de las condiciones laborales, que son precarias", se ha presentado en rueda de prensa por la secretaria federal de Sanidad de UGT, Gracia Álvarez, mientras que la secretaria del sector de la Dependencia de UGT en Cantabria, Margarita Pelayo, ha ofrecido datos sobre el sector en la región.

En la comunidad trabajan en el sector 5.173 personas -nueve de cada diez son mujeres- y 8.000 en la teleasistencia. Un total de 4.433 trabajan en residencias de 24 horas, 1.557 en centros de día y 4.000 en ayuda a domicilio, de los que 3.000 corresponden a servicios de ayuntamientos.

Pelayo ha denunciado que en la región, "todo lo que se puede incumplir, se incumple", y ha aludido a pliegos de licitación municipales con bajas temerarias "sobre todo de corporaciones locales" y en el caso de Santander, se ha preguntado "cómo piensan prestar el servicio". El Consistorio de la capital cántabra cuenta con 1.000 usuarios del servicio y 170 trabajadores, lo que supone una de las ratios más bajas, ha dicho la sindicalista.

Igualmente ha denunciado que casi "todas las empresas" han pasado por la Inspección de Trabajo, que está "sobresaturada" lo que hace que algunas denuncias "decaigan" y en los juzgados hay "varios frentes abiertos". Además se produce un "incumplimiento constante" de las condiciones laborales.

Por ello ha pedido a las administraciones "sensibilidad" ante un colectivo que se caracteriza por la "vulnerabilidad" y la "indefensión", y a cuyas demandas solo ha sido sensible el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) "pero no las corporaciones locales".

DEMANDAS

Mientras, Álvarez se ha referido a algunas de las demandas de los trabajadores de la dependencia que son "líneas rojas" en la negociación con la patronal y que UGT no ha va firmar, como realizar labores de limpieza tras haber acreditado la formación de gerocultura.

También ha pedido "responsabilidad" y "sensibilidad" de las administraciones como intermediarias de la prestación de este servicio público de modo que "vigilen" el cumplimiento de los pliegos de condiciones; y la revisión del nivel de dependencia de los residente.

La secretaria federal ha subrayado que la teleasistencia es el área que sufre "mayores problemas" y donde los trabajadores están "más desprotegidos"; y ha reclamado que se informe a los cuidadores de ciertas patologías como las enfermedades infecciosas a fin de evitar contagios.

Ha recordado que a la congelación salarial desde 2012 se suma el hecho de que estos trabajadores son los que tienen "situación más precaria" puesto que sus contratos son "de dos a cuatro horas" y sus salarios "se quedan en 300-400 euros".