El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus nuevos ministros han revisado este viernes las primeras medidas que pretenden tomar a corto plazo después que el Ejecutivo haya estado diez meses en funciones.

Éstas son las principales prioridades que el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha destacado tras la primera reunión del Consejo de Ministros:

El Gobierno va a remitir próximamente a Bruselas la actualización del proyecto de presupuestos de 2017 que remitió a la Comisión Europea el pasado 15 de octubre, con la incógnita de si incluirá las medidas de ajuste para cumplir el objetivo de déficit.

Ya a mediados de octubre, De Guindos avisó de que el nuevo gobierno tendrá que tomar medidas para reducir el déficit público al 3,1 % del PIB, lo que implica recortes por unos 5.000 millones de euros.

Posteriormente, el Ejecutivo hablará con los grupos políticos sobre los Presupuestos Generales del Estado del próximo año para remitirlos a la UE.

En cuanto al techo de gasto del próximo curso, la idea es que el Consejo de Ministros lo apruebe en noviembre, con la intención de presentarlo antes a los partidos de la oposición.

En materia económica, el Gobierno también tiene en mente una próxima convocatoria del Pacto de Toledo para ir analizando el futuro de las pensiones.

Igualmente, la intención es reanudar el diálogo social con la patronal y los sindicatos para debatir sobre las cuestiones pendientes entre las partes.

El Gobierno ha ratificado su compromiso de abordar de manera inmediata la revisión del modelo de financiación autonómica para que sea "estable y suficiente".

Como paso previo, se celebrará en próximas fechas una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y una Conferencia de Presidentes autonómicos en el Senado.

El Ministerio de Educación va a retocar la Lomce con el fin de suspender los efectos académicos de las pruebas finales de cuarto de la ESO y de segundo de Bachillerato, conocidas como reválidas.

También va a poner en marcha, en breve, una subcomisión en el Congreso para ir avanzando en un gran pacto educativo en línea con el que defienden PSOE y Ciudadanos.

Otra medida ya programada es reunir a la Comisión General de Educación, previa a la Conferencia Sectorial que habrá este mes, para "dar tranquilidad" a los estudiantes.

A propuesta de la ministra de Agricultura, Isabel Tejerina, el Gobierno pretende incluir en el orden del día del próximo Consejo de Ministros el acuerdo sobre el cambio climático alcanzado hace casi un año en París, que entró en vigor este jueves.

El Gobierno es el encargado de remitir el convenio al Parlamento, que es el encargado de refrendar el acuerdo.

El instrumento de ratificación de España irá al primer Consejo de Ministros ordinario y será aprobado definitivamente por las Cortes para su entrega en la ONU a comienzos de 2017.

Aún así, España participará de pleno derecho en la definición de reglas del Acuerdo de París durante la Cumbre del Clima (COP22) que se celebra en Marraquech del 7 al 18 de noviembre, como parte de la UE que sí forma ya parte del acuerdo.

Al ratificar, España se comprometerá a una reducción de emisiones en los llamados sectores difusos (agricultura, transporte, residuos, gases fluorados y sector residencial) de un 26 % en 2030 respecto a los niveles de 2005, y de un 43 % en el sector industrial regulado por el mercado de carbono europeo (ETS, por sus siglas en inglés) europeo.

Otro de los cometidos que se prevé a corto plazo es el nombramiento del nuevo fiscal general del Estado, puesto que la actual responsable, Consuelo Madrigal, ha cesado con el nuevo Gobierno, como establece el Estatuto del Ministerio Fiscal.

El Ejecutivo no ha concretado cuándo podría aprobar la designación, ni tampoco ha dado pistas de si seguiría Madrigal, quien ha estado al frente de la institución desde enero de 2015, o se optaría por otra persona.

Junto a ella, las quinielas apuntan al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, así como al vocal del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Grande Marlaska, como candidatos al puesto, toda vez que Madrigal -pese a ser un cargo de confianza del ministro- se enfrentó a él durante meses por la revisión de las causas penales, asunto que puso en pie de guerra a toda la Fiscalía.

De esta decisión depende la renovación de las jefaturas en las Fiscalías de la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Medio Ambiente y especialmente en Anticorrupción, vacante tras la jubilación de Antonio Salinas y para la que se manejan los nombres del Alejandro Luzón y Javier Zaragoza.

Otros de los grandes retos que tiene por delante el ministro Rafael Catalá son la despolitización del CGPJ, la ansiada figura del fiscal instructor y la digitalización de la Justicia, así como un Pacto de Estado para modernizar la justicia.

La hoja de ruta del ministro estará condicionada al desarrollo de las 16 medidas de reforma de la Justicia que recoge el acuerdo PP-Ciudadanos, como la creación de juzgados contra la corrupción y las limitaciones de las "puertas giratorias" entre la Justicia y la Política.