La venta de alimentos no elaborados en mercados de corto alcance, como granjas, explotaciones agrícolas o mercadillos locales, es una práctica habitual en Andalucía que sin embargo, hasta ahora, no estaba regulada, con la consiguiente ausencia de garantías tanto para los productores como para los consumidores.

Esta situación cambió este jueves, tras la entrada en vigor del decreto aprobado por la Junta que regula la venta directa al consumidor de productos primarios, que permitirá a más de 183.000 explotaciones agrarias y a 8.000 productores ecológicos de la comunidad vender directamente al cliente un 10% de media de su producción agrícola y forestal anual.

Esta medida afecta a 22 tipos de productos, como huevos, hortalizas, patatas, aceitunas de mesa, caracoles, cereales, espárragos, fresas, legumbres y miel, entre otros. A partir de ahora, los productores ya podrán legalmente vender estos alimentos en las propias explotaciones agrarias, así como en granjas, mercados municipales y establecimientos al por menor, como restaurantes, pequeñas tiendas, comedores e instalaciones de turismo rural.

Para poder hacerlo, deberán inscribirse en un registro y asumir unas medidas de autocontrol y buenas prácticas higiénicas, como el etiquetado de los productos y su identificación. La Administración, por su parte, establecerá un sistema de inspecciones y sanciones para "garantizar la calidad y seguridad alimentarias".

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía, COAG-A, ha recibido con satisfacción la medida, que "facilitará que el consumidor tenga acceso a un alimento fresco, en su momento óptimo de maduración y de la máxima calidad, que a veces no encuentra en otros canales de distribución". Además, "al haberse eliminado la limitación kilométrica inicial (80 km) será posible hacer la venta directa de todos los productos andaluces en cualquier punto de la comunidad".

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA-A, son algo más críticos. El decreto "debería haber llegado antes porque el mercado local y de cercanía lo necesitaba", asegura Roque García, secretario de Acción Sindical, Desarrollo Rural y Agua de la organización, que echa en falta algunos aspectos en esta norma. "Esta regulación debería llevar aparejada una simplificación de la burocracia a la que tenemos que enfrentarnos cuando lo que queremos vender son productos elaborados, como conservas, quesos o embutidos".

Además, García reclama una mayor "coordinación entre las Administraciones, de manera que cuando queramos vender en un mercadillo local, cuya competencia recae en el Ayuntamiento, este no nos ponga impedimentos". El decreto es, en definitiva, "un primer paso, pero por sí solo no generará nada".

En cuanto a los precios, un kilo de tomates cuesta actualmente en un establecimiento entre 1,80 y 2,10 euros, según exponen desde UPA-A, mientras que al productor se le paga entre 0,76 y 0,86 euros, por lo que el consumidor está pagando en última instancia casi el triple del precio de origen.