El latigazo cervical, intento de fraude al seguro más frecuente

Una investigación realizada por la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa), que congrega a más del 80% de las compañías aseguradoras que operan en España, revela que a lo largo del año 2015 fueron reportadas cerca de 306.000 reclamaciones fraudulentas en el sector del seguro. Es decir, alrededor de una persona de cada 150 timó, o intentó timar, a su compañía aseguradora en España. Todas estas reclamaciones, de haberse materializado, habrían supuesto un desembolso de 550 millones de euros para los seguros, 290 de los cuales habrían ido a parar al sector del automóvil. Es decir, un 53% del importe total reclamado. Y, entre todas las reclamaciones interpuestas, según un estudio de Línea Directa, destaca una: la del latigazo cervical.

Tal como informa ARPEM.COM, en 2015, casi 200 millones de euros fueron reclamados a aseguradoras en concepto de responsabilidad civil por daños corporales de conductores, unas dos terceras partes del importe total que se ha pretendido defraudar, con el mencionado latigazo cervical como lesión estrella. Pero no es el único concepto. Otras coberturas de las pólizas que fueron objeto de intentos de fraude fueron las de robo (un 11% de las veces) o las de responsabilidad civil por daños materiales (3%).

Timos como el de la rotonda y otras simulaciones por parte de conductores pueden suponer penas de seis a ocho meses de cárcel y multas de hasta veinticuatro meses de duración, según el artículo 250 del Código Penal. Si la cuantía de lo defraudado no supera los 400 euros, el artículo 249 de la misma normativa legal recoge que la pena de prisión será de uno a tres meses. La pasada semana, la Policía detuvo en Murcia a 65 integrantes de una red que simulaba accidentes de tráfico para recibir indemnizaciones por parte de las aseguradoras, y de la que formaban parte desde abogados hasta clínicas, y a los que ahora se acusa de delitos como estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Estas prácticas provocan un doble perjuicio para el conjunto de conductores y usuarios: por un lado, aumentan la siniestralidad, al involucrar en accidentes a terceras personas que circulan aleatoriamente por las zonas elegidas por quienes cometen los intentos de fraude. Por otra parte, este aumento de la siniestralidad implica precios de pólizas más altos por parte de las aseguradoras. Un informe realizado por la Asociación de Entidades de Seguros (ICEA) asegura que cada euro que las compañías invierten en investigar posibles fraudes ayuda a las mismas a recuperar casi 33 veces esa cifra.

Además, en ocasiones el intento de fraude trasciende a la propia aseguradora, y se ven implicadas las administraciones públicas. Ocurre cuando los conductores que intentan solicitar indemnizaciones por daños corporales acuden a la Seguridad Social a solicitar tratamientos de rehabilitación para dar verosimilitud a su testimonio, con el consiguiente gasto de recursos públicos y tiempo de personal sanitario empleado en ello.