La asociación Juristes en defensa de la Llengua Pròpia ha presentado una denuncia en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que pide una sanción "ejemplar" para la presidenta de la Sección Séptima de la Audiencia de Barcelona, Ana Ingelmo, por pedir a un testigo de la agresión multitudinaria de las fiestas de la Patum de Berga de 2005 que declarase en castellano porque dos acusados no entienden catalán.

Los hechos que han dado origen a la denuncia se remontan al pasado jueves, cuando uno de los testigos de la agresión que se saldó con la muerte de Josep Maria Isanta, el último de la mañana, empezó a declarar en catalán. Ingelmo le interrumpió para preguntar a los nueve acusados si entendían al testigo, a lo que algunos de ellos respondieron que no.

Los acusados "protagonistas"

La magistrada rogó entonces a David P.L. que se expresase en castellano, alegando que los "protagonistas" eran los acusados y que tienen derecho a saber todo lo que se declara en su contra, ya que "el derecho a la defensa es muy superior al derecho a escoger la lengua.

El joven accedió a cambiar de lengua, pero la petición de Ingelmo no fue bien recibida por las acusaciones particulares, que formularon la correspondiente protesta, pero no pidieron la suspensión del juicio para continuarlo con la presencia de un traductor. La Sección Séptima, sin embargo, lo pidió de oficio al finalizar la sesión y el viernes los testigos que lo desearon se expresaron en catalán.

Petición de expediente disciplinario

Para Juristes per la Llengua , la actuación de la magistrada es "evidentemente censurable", por lo que merece "una sanción ejemplar", ya que "es elemental la compatibilidad del derecho de defensa de los acusados --por el cual debía velar por mandato constitucional-- con el también derecho fundamental del testigo a utilizar, de entre las lenguas cooficiales, la que considerase oportuna".

La asociación considera que no se pueden consentir "atropello ni desdenes de esta envergadura", pese al "respeto y consideración que tiene hacia los integrantes del poder judicial; pese a que siempre ha valorado la buena disposición de tantos de ellos para asumir un nivel lingüístico digno para el efectivo cumplimiento del servicio público encomendado; pese a ser consciente de que no es ni mucho menos la judicatura la causante del migrado uso del catalán en la justicia".

La denuncia ante el TSJC interpuesta por Juristes per la Llengua se suma a la petición que el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Alfons López Tena elevó el viernes al Pleno de este órgano para que se abra expediente disciplinario a la magistrada y se dé conocimiento de su actuación a la Fiscalía "por si estos hechos pudieran ser constitutivos de delito".