Trabajo investiga fraudes en las bajas que tramitan las mutuas

Desde el pasado 1 de enero las mutuas se encargan por ley de comunicar a la Seguridad Social si un trabajador causa baja por enfermedad profesional o una dolencia común. Es decir, si genera costes a la empresa y la mutua o no. Resultado: en seis meses se han declarado un 47% menos de enfermedades laborales con resultado de baja, según datos del Ministerio de Trabajo.

UGT considera que esta disminución se debe a una práctica fraudulenta de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El sindicato las acusa de derivar al sistema público de salud a los empleados que enferman por culpa de su trabajo. Así, recuerdan que los partes por enfermedad laboral sin resultado de baja –que no generan gastos a las mutuas– aumentaron un 36% en el primer semestre del año.

Revisiones

En esos mismos seis meses, el Instituto Nacional de la Seguridad Social modificó el 40% de los expedientes tramitados por las mutuas como bajas por incapacidad temporal. Estas revisiones se realizaron por considerar que las mutuas hacían pasar como enfermedades comunes unas bajas temporales debidas a contingencias profesionales.

Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo acaba de anunciar que la Seguridad Social revisará los expedientes tramitados por las mutuas con resultado de baja derivada de contingencias comunes y en los que haya indicios de la existencia de una enfermedad profesional.

Por otra parte, para mejorar la prevención de riesgos y evitar fraudes por parte de algunos trabajadores, el Gobierno y las comunidades han puesto en marcha un plan de mejora en el control de las bajas por incapacidad temporal. El gasto por este concepto crecía a un ritmo del 14% al empezar la legislatura y cerró 2006 al 6%, según Trabajo.

Acusaciones de clientelismo

En opinión de Dolors Hernández, secretaria de Salud Laboral de UGT, las mutuas están cayendo en el "clientelismo" hacia las empresas con las que trabajan al reducir las cifras de bajas por enfermedad laboral cuyos costes deberían asumir.

Asimismo, Hernández recuerda que además de sobrecargar la sanidad pública, esta práctica impide dar una solución a las causas que provocan la baja del trabajador. La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (AMAT) no quiso comentar estas acusaciones.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA

B. M. empleada pública, 38 años. "sufrí ocho inspecciones en un año"

Trabajo en un centro para discapacitados en Galicia y empecé a sufrir acoso laboral hace diez años por parte de mis superiores. Al principio no sabía qué me pasaba y al cabo de los años entendí que se trataba de mobbing. Intentaban dejarme sin tareas, no me hablaban ni me saludaban, rechazaban mis propuestas y luego las presentaban como propias y se las adjudicaban a otros... La situación me provocó ataques de pánico, fobias sociales y depresiones. A los cinco años, tras intentar trabajar en otra ciudad, pedí una excedencia porque no podía readaptarme a la vida laboral.

El año pasado solicité la reincorporación y volví a mi primer puesto de trabajo. Decidí defenderme del acoso de mis antiguos jefes, pero fue peor porque me atacaron el doble y ahora estoy de nuevo de baja. Aunque los informes dejan bien claro que sufro un cuadro de depresión provocado por el acoso laboral de mi trabajo, me presionan para que me reincorpore. En un año he sufrido hasta ocho inspecciones de los servicios autonómico y nacional de salud. Consideran que puedo trabajar a pesar de mi situación psicológica. Además, para colmo, me han dejado de pagar.