Tres de los acusados eran, en el momento de los hechos, socios, propietarios y gestores de la empresa titular de un club de alterne en Viella (Siero). La gestión de la empresa y del establecimiento la realizaban todos ellos de común acuerdo, figurando en el Registro Mercantil como administrador único el cuarto acusado, que actuaba de común acuerdo con los demás.

Los hechos se remiten al 27 de junio de 2014, en el curso de una inspección realizada al establecimiento conjuntamente por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Grupo Operativo de Extranjeros de la Policía Nacional. Los inspectores comprobaron que en el establecimiento se encontraban trabajando como camareras de alterne 27 personas que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social, dos de las cuales carecían de permiso de estancia, residencia y trabajo en España.

Además, estaba trabajando otra mujer como limpiadora, sin estar tampoco dada de alta en la Seguridad Social. La Inspección de Trabajo procedió a dar de alta ese mismo día a todas las personas que no lo estaban pese a estar trabajando en el establecimiento. En la mayor parte de los casos la empresa las dio de baja al día siguiente.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores y ha solicitado que se condene a cada uno de los acusados a dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y multa de 8 meses con cuota de 10 euros día, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Además, el Ministerio Fiscal solicita que se imponga la suspensión de actividades del local y la sociedad titular del mismo, y la clausura del establecimiento, durante 2 años, junto con el pago de las costas procesales y, de forma conjunta y solidaria, de una indemnización a la Seguridad Social por las cantidades dejadas de ingresar.