Por primera vez en España, una comunidad autónoma regulará el problema de la obesidad mediante el máximo rango normativo. La Junta de Andalucía ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley para la Promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada, que pretende paliar una problemática de salud que actualmente afecta al 18,7% de la población adulta de Andalucía y al 22,5% de los menores.

Entre las medidas que contempla la nueva normativa, destaca la que exigirá a los bares y restaurantes que dispongan para sus clientes de forma gratuita de un recipiente con agua fresca y vasos, como oferta complementaria a la del establecimiento. Asimismo, la ley garantizará el acceso al agua potable en centros educativos, lugares públicos y centros de ocio infantil mediante la instalación de fuentes. Y se exigirá a las empresas de máquinas expendedoras de alimentos que también ofrezcan agua refrigerada gratuita en sus dispositivos o junto a ellos.

La ley, que se prevé que llegue al Parlamento para su debate en cinco o seis meses, también obligará a los establecimientos de restauración a que dispongan de menús saludables en diferentes tamaños de raciones. Y garantizará que se puedan adquirir alimentos frescos y perecederos en cantidades adaptadas a la composición de las familias.

Esta normativa centrará gran parte de sus esfuerzos en la promoción de una vida saludable entre los más pequeños. Por ello, los centros educativos tendrán un plazo de cuatro años para establecer un tiempo mínimo recomendable de cinco horas efectivas a la semana de actividad física.

Además, se prohibirá la venta en los colegios e institutos de bebidas y alimentos envasados que superen un valor energético de 200 kilocalorías, que contengan cafeína o un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal o azúcares.

La Junta continuará garantizando los menús saludables en los comedores escolares, a través de la utilización de productos locales y regionales y de temporada, basados en la dieta mediterránea. Igualmente, se prevén iniciativas para la distribución de frutas y verduras, así como la participación de los alumnos en programas de granjas escuelas y de huertos esclares.

Igualmente, la norma prevé la habilitación de aparcamientos para bicicletas en los lugares de trabajo con más de 50 trabajadores.

La ley contemplará sanciones para quien incumpla la norma, aunque la Consejería de Salud no ha especificado aún el valor de las mismas, insistiendo en que no se trata de una normativa "punitiva".

El consejero, Aquilino Alonso, sí ha especificado que se considerará como infracciones graves la dispensación en centros educativos de menús no adaptados a las necesidades nutricionales del alumnado o con desequilibrios del aporte calórico; la utilización de alimentos o bebidas con alto contenido en ácidos grasos saturados, trans, sal y azúcares añadidos; la publicidad de alimentos en áreas sanitarias donde se atiende a menores; o el incumplimiento de la exigencia de acceso al agua potable.