Tribunales.- El exalcalde de Alcaucín dice que no dio licencias para viviendas irregulares

  • El exalcalde de la localidad malagueña de Alcaucín José Manuel Martín Alba ha negado que pasaran por él los expedientes para conceder licencia a cuatro viviendas supuestamente ilegales en suelo no urbanizable y ha asegurado que no supo que se estaban construyendo mientras fue regidor, apuntando que los permisos para enganches de luz y agua se dieron pensando que eran para casas existentes.

El juicio ha seguido este martes en la Sección Octava de la Audiencia. La Fiscalía pide nueve años de prisión para Martín Alba y otras seis personas, a los que acusa de los delitos de estafa, contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística, todos con carácter continuado. Además de prisión, se solicita multa e inhabilitación por diez años para empleo o cargo público.

El exalcalde ha declarado que no habló con los otros acusados sobre estas licencias y que no cobró dinero por los permisos; al tiempo que ha insistido en que esos expedientes "no me los pusieron delante para resolver". Ha reconocido que en ese momento el Ayuntamiento no tenía técnicos y él carecía de conocimientos, ya que antes había sido cabrero y luego albañil.

Ha apuntado que mientras fue regidor no supo que se estaban construyendo, sino que tuvo conocimiento después; y ha insistido en que siempre creyó que las solicitudes de enganche de luz y agua eran para viviendas antiguas que ya existían, ya que la zona cuenta con estos servicios desde 1982, ha dicho, y para todos los alcaldes "siempre ha sido suelo urbano".

"Si me llegan a decir que era para esas en concreto estoy seguro de que no hubiera dado el enganche", ha aseverado Martín Alba, quien ha dicho que las dudas se consultaban a los técnicos de la Diputación o a otros particulares.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press, tres de los acusados se concertaron en 2002 para obtener un rendimiento urbanístico de una parcela en el núcleo de 'El Espino', "suelo que les constaba que era no urbanizable", donde uno de ellos levantó su propia casa, vendiendo las subparcelas restantes a tres extranjeros "con la promesa de que podrían edificar".

Así, de los tres acusados que se concertaron, según la Fiscalía, uno adquirió la mayor parte del terreno, mientras que otro se quedó con un tercio "en clara intención de participar en el lucrativo e ilegal negocio" y el tercero se encargó de los trámites de pedir las licencias. Además de éstos y del regidor, están acusados un arquitecto, un constructor y un arquitecto técnico.

El arquitecto y el arquitecto técnico han declarado este martes, asegurando que entendían por la documentación que les dieron que las licencias estaban concedidas, además de porque se habían pagado las tasas. El constructor, por su parte, ha indicado que actuó como intermediario uno de los acusados, ya que los compradores eran extranjeros, y ha dicho que le aseguraron que las licencias estaban concedidas y él lo dio por bueno.

El ministerio público sostiene que el entonces alcalde consintió la construcción en este caso de cuatro viviendas "siguiendo la práctica habitual en aquella época en el Ayuntamiento", de forma que al dorso de la solicitud de licencia "sin aportar informes de ningún tipo se concedía o se denegaba". En estos casos, el apartado de si procedía o no "aparece sin rellenar", por lo que no fueron concedidas formalmente.

A pesar de esto, el exalcalde "con conocimiento de los hechos", dice el fiscal, "dejó voluntariamente de ejercitar sus competencias en materia de disciplina urbanística, permitiendo la construcción" de las viviendas. Además, también autorizó el enganche de las casas a la red de abastecimiento de agua.

La parcela estaba en suelo no urbanizable según las normas subsidiarias de planeamiento, adaptadas a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA); misma calificación que tenía en el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en 2010, lo que "equivale al suelo de carácter natural o rural definido en dicha ley".

Los hechos, sucedidos en 2002, fueron descubiertos por el propio Ayuntamiento de Alcaucín una vez que tomó posesión la nueva corporación municipal tras la operación 'Arcos', donde está acusado Martín Alba y otras 48 personas y cuyo juicio está previsto que comience en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga el próximo mes de noviembre.

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