La Comunitat contará en 2017 con 21 oficinas para atender a víctimas del delito y con equipos multidisciplinares

  • La Comunitat Valenciana contará en 2017 con un mínimo de 21 oficinas para atender a víctimas del delito -de violencia de género, de trata de seres humanos, de agresiones sexuales, de la represión o menores de edad, entre otros- y con equipos multidisciplinares -abogados, psicólogos, trabajadores sociales y criminólogos-.

Así lo ha avanzado este martes la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, en un desayuno informativo con periodistas, en el que ha anunciado que este viernes el Consell aprobará el Decreto que regulará la creación de estas oficinas, cuya gestión asumirá la Generalitat.

La consellera ha explicado que esta iniciativa surge tras la aprobación del Estatuto de la Víctima, que pretende situar a la víctima en el centro del proceso. Anteriormente, el modelo de asistencia a estas personas, que integraba las oficinas de la antigua Fundación de Ayuda a las Víctimas del Delito (Favide), se centraba en ofrecerles una asistencia letrada, y ahora se pretende un cambio de modelo que ofrezca una atención multidisciplinar. "El Consell entiende como una prioridad el apoyo a las víctimas y la efectividad de sus derechos", ha reiterado la consellera.

Por ello, se ha pensado inicialmente en crear 21 oficinas -actualmente hay 16- para atender a las víctimas. Habrá tres oficinas provinciales y otra más de estas características en Elx (Alicante), mientras que el resto tendrán un carácter comarcal -Alzira, Sueca, Gandia, Xàtiva, Paterna, Requena, Sagunt, Torrent, Catarroja, Alcoi, Benidorm, Dénia, Elda, Orihuela, Torrevieja, Vila-real y Vinaròs-.

En total, 21 oficinas para unos 45-48 partidos judiciales repartidos por la Comunitat. Al respecto, la consellera ha aclarado, en primer lugar, que el número de oficinas puede llegar a ampliarse si se considera necesario; y, en segundo término, ha señalado que los partidos que no dispongan de este servicio podrán tener establecida una red de colaboración con Ayuntamientos o Diputación para gestionar este servicio. "No habrá ninguna víctima desatendida", ha aseverado.

Las tres oficinas provinciales -Valencia, Castellón y Alicante- y la de Elx contarán con un equipo multidisciplinar compuesto por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y criminólogos. Estos equipos servirán de apoyo a las oficinas comarcales.

Los trabajadores de estos centros provinciales tendrán plena disponibilidad horaria y de movilidad para desplazarse a otros partidos judiciales cuando las víctimas lo requieran, ha explicado Bravo.

La consellera ha agreagdo que personal que actualmente presta este tipo de servicios a las víctimas perteneciente a Favide podrá incorporarse al nuevo proyecto. Así, ha indicado que la fundación se extinguirá y habrá una integración parcial o total de sus trabajadores en las nuevas oficinas: "La intención es contar con la experiencia de estos profesionales", ha subrayado.

Además, la red de oficinas desarrollará su actividad en coordinación con los órganos judiciales, la Fiscalía, la Abogacía, los institutos de Medicina Legal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios sociales y cualquier otra institución que pueda estar en contacto con la persona afectada por un delito.

1,1 MILLONES

El decreto que regula la creación de estas oficinas se ha estado elaborando durante unos nueve o 10 meses y el proyecto cuenta con un presupuesto inicial de 1,1 millones de euros. Así mismo, se ha presupuestado la misma cantidad para que sigan funcionando las oficinas gestionadas por Favide hasta que el nuevo proyecto sea una realidad.

Bravo ha concluido destacando que la autonomía es la primera Comunitat que asume una red de estas características en España, con carácter multidisciplinar, y ha asegurado que las oficinas estarán en pleno funcionamiento antes de acabar 2017. A la vista de los resultados, si sigue habiendo carencias, de cara a 2018 podrá incluirse una nueva partida para ampliar el servicio.

"El objetivo es que la red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) sea capaz de prestar atención personalizada, integral y reparadora a todas las víctimas del delito, con particular cuidado a quienes pertenecen a los colectivos sociales más vulnerables".

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