"Fuimos arrastrados por una serie de desfases sin ser conscientes de ello", ha dicho E.E.G. en su declaración, al tiempo que ha rechazado que a espaldas de los cosecheros hubiera estado vendiendo aceite sin que fuera contabilizado en las cuentas.

Asimismo ha reconocido ser consciente, al igual que según él lo eran el resto de socios, de que los libros contables y las cuentas no estaban presentadas reglamentariamente, pero eso, en su opinión, "no era un pecado mortal" y ha insistido en que todas la contabilidad la llevaba el asesor contable y fiscal contratados por la empresa para tal fin.

Ha admitido que cuando supo la situación real de la empresa todo su interés fue "seguir luchando por conseguir más kilos de aceituna para pagar y hacer frente a esa situación", pero ya fue demasiado tarde y la empresa entró en concurso de acreedores.

"Siento en el alma todo lo que ha pasado porque yo no he buscado esto", ha dicho E.E.G. y ha atribuido los desfases a cuestiones como que la aceituna se pesara mojada o incluso a que le había costado mucho "amoldarse" al cambio de pesetas a euros hasta el punto de que "he confundido euros con pesetas".

Casi dos horas es lo que se ha llevado la declaración de E.E.G. Su defensa entiende que todo se debió a "una mala gestión empresarial" que debería resolverse en el ámbito civil, mientras que la acusación particular que representa a 39 cosecheros pide penas de nueve años de cárcel y eleva hasta más de 800.000 euros el dinero presuntamente estafado a sus clientes.

No es solo E.E.G. el que se sienta en el banquillo, pero sí el único sobre el que el Ministerio Fiscal ejerce la acusación. Le han acompañado los otros cuatro socios de esta almazara familiar que han apuntado a R.R.G. como la persona que se encargaba de la gestión y de tomar las decisiones.

No obstante la acusación particular sí que ejerce la acusación sobre las cinco personas que este martes se han sentado en el banquillo y para los que pide nueve años de cárcel. El Ministerio Fiscal solo acusa a E.E.G. y no a las cuatro personas que también se han sentado en el banquillo por considerar que no está "debidamente acreditada su participación en los hechos" ya que "no consta que ninguno de ellos interviniera, conociera, autorizara, ni consintiera las decisiones del acusado".

Los hechos, según recoge el escrito de calificación del Ministerio Fiscal al que ha accedido Europa Press, se remontan a las campañas 2011/2012 y 2012/2013 cuando E.E.G. "dispuso sin el consentimiento ni el conocimiento de los cosecheros" del aceite que había almacenado en las bodegas.

De esta forma, sostiene el Ministerio Fiscal, "lo vendió a terceras personas no identificadas y se adueñó de las cantidades que estos le entregaron por la compra del aceite".

Para ocultar su práctica, no reflejó en la contabilidad de la mercantil la verdadera situación de la entidad y además no depositó en el Registro Mercantil las cuentas del ejercicio de 2011 y depositó fuera de plazo las cuentas de los ejercicios comprendidos entre 2007 y 2010. Tampoco cumplió con la obligación de legalización de los libros y en la contabilidad "se realizaron diversos ajustes contables que no reflejaban una imagen fiel de la sociedad".

En febrero de 2013, el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Jaén declaró a la sociedad de la almazara en concurso necesario de acreedores. En diciembre de 2013, la junta de acreedores, formada en su mayoría por los cosecheros, aceptaron convertir sus créditos en acciones de la sociedad y así hacerse los dueños de la almazara para intentar recobrar su dinero.

El acusado se enfrenta a cinco años, seis meses y un día que es lo que le solicita el Ministerio Fiscal por un delito de apropiación indebida y un delito societario, además de 7.200 euros en multas.

El juicio proseguirá este miércoles con la declaración de los testigos.