El condenado deberá cumplir por delito de acoso sexual la pena de cinco meses de prisión, así como con la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de quinientos metros de la víctima, domicilio y lugar de estudio, trabajo o cualquier otro que frecuente ésta, C.G.G., por un tiempo de tres años.

Además, R.G.P. también ha sido condenado por un delito continuado de abuso de la función pública con solicitud de favor sexual, por lo que cumplirá una pena de un año y seis meses de prisión, así como la inhabilitación absoluta para el ejercicio de la función pública por un tiempo de nueve años y un día.

Por otra parte, el acusado tendrá que indemnizar a la víctima por el daño moral causado con la cantidad de 6.000 euros.

Los hechos se remontan al transcurso de tiempo ocurrido entre los cursos académicos de 2006 a 2009 y en el ámbito de la relación docente-alumna, cuando el funcionario público acusado, R.G.P., se dirigió en varias ocasiones con un propósito sexual a su alumna, C.G.G, cuando se encontraban a solas, para realizar insinuaciones que sugerían que, ante las dificultades de la alumna para aprobar su asignatura, podría conseguir el aprobado o mejorar sus notas si se prestaba a mantener algún tipo de relación sexual con él.