Según reza en el dictamen, consultado por Europa Press, las obras contenidas en el proyecto al que se le concedió licencia "no encuentran acomodo", según el Plan General de Ordenación Urbanística de la localidad, donde el edificio cuenta con protección específica del grado uno incluido en el Catálogo Municipal de Bienes y Espacios protegidos, un grado que autoriza únicamente obras de conservación y mantenimiento.

Todo ello después de que el pasado mes de junio el Consistorio almonteño aprobara en pleno el inicio de la Revisión de Oficio de la licencia de obra para que fuera el Consejo Consultivo de Andalucía el que dictaminara sobre la idoneidad o no de la concesión de la citada licencia.

Cabe recordar que la Fiscalía de Huelva trasladó el pasado mes de junio una denuncia al Juzgado de Instrucción Decano de los de La Palma del Condado por posibles delito de daños en el patrimonio histórico y de prevaricación en relación a estas obras iniciadas en octubre de 2014 de remodelación acometidas en el Palacio de Doñana.

Las obras proyectadas por la empresa encargada, en concreto por uno de sus arquitectos, y ejecutadas por otra compañía, pretendían una transformación integral de parte del Palacio con el fin de mejorar su habitabilidad para investigadores y visitas institucionales y conseguir así "un edificio innovador y sostenible con el entorno", según señaló el fiscal.

Así, se proyectó desde el primer momento, y con la justificación de su mal estado de conservación, un vaciado integral de las plantas baja y primera con una remodelación total de espacios, demoliciones generales, sustitución de carpinterías de madera originales y tradicionales por otras de PVC, supresión de muros y construcción de nuevos tabiques, cierre de puertas y sustitución de ventanas exteriores por puertas de nuevo acceso a las habitaciones de los investigadores en el ala sur, nuevos baños individuales y armarios en las habitaciones de los investigadores, nuevas instalaciones de aire acondicionado, entre otras.

Sin embargo, en base a dicha protección, las únicas obras posibles eran y son las de conservación y mantenimiento del edificio sin alterar sus acabados ni materiales, previo informe favorable de la oficina técnica municipal, y sin ser preceptivos informes previos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para autorizar dichas obras.

Desde el Consultivo aseguran que las obras descritas, que conllevan demoliciones, reformas y sustitución de elementos e instalaciones preexistentes, "no se encaminan exclusivamente a la conservación y mantenimiento de lo ya edificado".

"DESVIRTUAR LA EDIFICACIÓN"

De hecho, indican que "una cosa es sustituir antiguos materiales que se hayan visto deteriorados por el paso del tiempo o el uso normal del edificio, reparar humedades y fisuras, el acerado perimetral y las solerías del patio central, desperfectos todos ellos que se describen en la memoria del proyecto", y otra diferente "acometer obras que desvirtúen la edificación de partida, encaminadas a transformarla: en definitiva, remodelarla como se titulaba el primer proyecto presentado".

En el presente caso, este órgano es plenamente consciente de la necesidad de la obra realizada, y de la modernización que, en aras de una mejor actividad científica propia del lugar donde se asienta el edificio y de su genuino destino investigador, era pertinente acometer en el edificio.

Ahora bien, desde el Consultivo concluyen que estas obras hubieran requerido una modificación previa del PGOU orientada a la alteración del catálogo y del nivel de intervención del Palacio de Doñana, lo cual "no parece que deba plantear una mayor complicación urbanística al considerar que solamente en el PGOU se plasma el citado grado uno". No obstante, con este grado, "las obras contenidas en el proyecto al que se le concedió licencia no encuentran acomodo".

El Ministerio Fiscal asegura en su escrito que estas obras fueron paralizadas por el Ayuntamiento almonteño a finales de abril de 2015, con el PP al frente, por carecer de licencia oportuna al ser un edificio protegido, si bien posteriormente tras la modificación del informe del arquitecto responsable, se le concedió la licencia ya con el gobierno socialista al mando, cerrando el expediente municipal sin sanción alguna pese a que el informe técnico de unos días antes calificaba los hechos como "infracción muy grave de la LOUA".