En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que el equipo de gobierno (PSOE) realizará un informe económico y otro jurídico para valorar las consecuencias que se deriven de la no aprobación de las ordenanzas fiscales, tras la celebración de un Pleno en el que PP y Ganemos han coincidido en rechazar todos los puntos, a excepción de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de transporte público de viajeros, que ha sido la única que ha salido adelante.

El gobierno municipal ha destacado que la no aprobación de las ordenanzas supone "un incumplimiento del Plan de Ajuste y de la ley". Por tanto, el rechazo de estas ordenanzas, "en particular la subida del IAE para las grandes empresas, y las supresiones de bonificaciones que por imperativo legal debían aplicarse, tal como se recoge también en el informe del Consejo Social, llevará a una modificación del Plan de Ajuste aprobado en abril de 2016".

Por ello, el equipo de gobierno solicitará en primer lugar la elaboración de un informe económico que valore cómo va a afectar al presupuesto de 2017, incidiendo en que "será necesario elaborar un nuevo Plan de Ajuste, para el que se propondrá a los grupos municipales que digan en qué partidas recortar esos cuatro millones de euros, dado que los ingresos por tasas e impuestos ya no se pueden modificar por fechas".

Asimismo, solicitará también un informe que analice "las consecuencias jurídicas de votar en contra de la ley, ya que son medidas recogidas en los diferentes Reales Decreto Ley de imposición a los ayuntamientos intervenidos por Hacienda", como es el caso de Jerez desde el año 2012.