Durante la firma, Carnero ha explicado que este convenio "arranca como un proyecto piloto" que se va a desarrollar en los pueblos para solucionar conflictos entre particulares que, "en muchas ocasiones, acuden a los alcaldes es busca de un acuerdo".

Se trata, según Jesús Julio Carnero, de una mediación que "resulta muy difícil especialmente" porque los alcaldes no son especialistas en esta materia y, en consecuencia, "no disponen de las técnicas y habilidades necesarias para encontrar una resolución que, habitualmente, las partes acaban viendo como algo impuesto".

Por ello, este nuevo programa "se enmarca de manera clara en una de las señas de identidad de la Diputación" como es la permanente labor de asistencia a los alcaldes y a los municipios de la provincia, "siempre en beneficio de sus vecinos".

Además, la asistencia no se limita sólo a la información, sino que también apuesta por la formación y por el apoyo a la gestión diaria por lo que, en palabras de Carnero supone "poner a disposición de los alcaldes y de los municipios una nueva herramienta de gestión para solucionar conflictos cotidianos entre sus vecinos apostando por el diálogo y por el respeto a la diferencia".

El programa que hoy se presenta tendrá una duración de un año natural, será desarrollado por la Asociación Proyecto de Mediación y se estructura en tres fases.

La primera de ellas, que se va a desarrollar hasta diciembre de este año, se centra en la formación y en la información, y lo hace a través de diferentes hitos. El primero de ellos, la oferta y la información sobre el funcionamiento del servicio a través de 13 sesiones dirigidas a los alcaldes, pero también a

secretarios municipales, técnicos culturales, dinamizadores sociales, trabajadores sociales y asociaciones y entidades de participación ciudadana.

Esta fase se completará con la difusión del proyecto en los municipios, para crear una cultura de mediación, y con la elaboración de los documentos necesarios para tal fin.

La segunda fase, entre enero y septiembre de 2017, será la de implantación del servicio, y en ella se procederá ya a la recepción y aceptación de los diferentes casos y a la realización de las correspondientes mediaciones.

Por último, la tercera fase se centrará en la evaluación de los casos tratados. Se desarrollará en el último trimestre de 2017 y será clave para decidir la continuidad del Programa y las posibles variaciones a introducir con respecto al modelo inicial.

El equipo profesional que desarrollará el proyecto está compuesto por seis mediadoras con experiencia en esta materia y tendrá carácter itinerante y supramunicipal. Cada ayuntamiento puede decidir hasta dónde puede llegar la labor mediadora del equipo profesional y qué conflictos debe asumir y cuáles no.

En todos los casos la mediación será gratuita para las partes, que tendrán aceptar la mediación voluntariamente y por escrito.

En principio, los posibles conflictos objeto de mediación son variados. Desde los relacionados con la utilización de espacios públicos o con el cumplimiento de ordenanzas cívicas a los vinculados a la exclusión social, la violencia latente o los conflictos intergeneracionales, sin olvidar otros como los conflictos y desavenencias en el marco de las comunidades de propietarios, las relaciones de vecindad, los conflictos entre profesionales que trabajan en un mismo ámbito o la resolución de problemas surgidos en torno a compraventas o arrendamientos, servidumbres, deslindes o divisiones de la cosa común.

Asimismo hay una serie de conflictos que, en ningún caso, serán tratados por el Servicio de Mediación Comunitaria, como pueden ser aquellos en que una de las partes interesadas sea el propio ayuntamiento, cuando alguna de las partes no actúe de buena fe o en situaciones que puedan ser tipificadas como delito, además de aquellos en los que, una vez realizado el diagnóstico por el mediador, este lo considera como no mediable.