Todos coinciden en la reclamación de esta transferencia y, de hecho, los grupos de la oposición en el Parlamento de Galicia tienen cita para el próximo martes tras proponer una reunión por carta la portavoz nacional y parlamentaria del Bloque, Ana Pontón, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias consultadas, y a la espera de la contestación de los populares gallegos sobre si se suman también a este encuentro.

Así, tal y como han ratificado las mismas fuentes, ya está confirmado que al encuentro acudirán, además de Pontón, el portavoz de En Marea, Luís Villares; y su homólogo del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga.

Este encuentro llega después de que esta última semana trascendiese el informe remitido al Congreso por el Ministerio de Fomento en el que exponía su postura contraria a que se debatiese la proposición de ley impulsada en su día por el BNG y que contó con la unanimidad de la Cámara, transformándose así en una iniciativa de la Comunidad de Galicia que el presidente -ahora en funciones-, Alberto Núñez Feijóo, avaló ante su compañera de partido, la entonces ministra Ana Pastor.

El rechazo del Gobierno provocó las reacciones de las formaciones políticas nada más conocerse. Así, los tres portavoces de los grupos de la oposición no tardaron en mostrar su rechazo a la postura del Gobierno y en avanzar que trabajarán para conseguir la transferencia de la autopista, mientras que el presidente de la Xunta en funciones se mantuvo a favor de conseguir la titularidad, pero también hizo hincapié en que el Ejecutivo central está en funciones.

También se pronunció la conselleira de Infraestruturas en funciones, Ethel Vázquez, quien consideró que el veto no era "definitivo" y quien afirmó, en la misma línea que el presidente, que "sería un error" y "una equivocación" por parte del Gobierno de España, "impedir este debate en el Congreso".

NEGATIVA DEL GOBIERNO

El Gobierno de Mariano Rajoy en funciones comunicó al Congreso el pasado viernes 14 su rechazo a tramitar diez proposiciones de ley promovidas por la oposición y por distintos parlamentos autonómicos, entre ellos, la transferencia a la AP-9, pero algunos de los textos salvaron el veto del Ejecutivo.

En el caso de la iniciativa sobre la autopista gallega, el órgano rector del Congreso pidió nuevos informes jurídicos que se pronuncien sobre la posibilidad de debatir o no esta propuesta de ley, una transferencia que el PP gallego ha llevado en el programa electoral con el que se presentó a las elecciones autonómicas del pasado 25 de septiembre en que Feijóo revalidó su tercera mayoría absoluta.

En el informe remitido como justificación, Fomento destaca que la autopista AP-9 "vertebra el eje atlántico" enlazando los principales centros económicos de Galicia y cinco de las siete ciudades de mayor tamaño.

El Ministerio que ahora dirige en funciones Rafael Catalá dice que la AP-9 está "integrada" en la red transeuropea de transporte e insiste en que "a través de las vías de alta capacidad de titularidad del Estado" soporta regularmente tráfico de largo recorrido y permite conectar los principales núcleos gallegos "con los diferentes territorios de España y con los demás países de la Unión Europea", incluido Portugal (por la A-55).

Asimismo, apunta que conecta las áreas de influencia de los cinco puertos de interés general del Estado en Galicia y sus principales rías e incluye la conexión con los tres aeropuertos de Galicia.

Fomento determina que esta infraestructura, de acuerdo con la ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, forma parte de la red de carreteras del Estado, ya que "está integrada en un itinerario de interés general, está incluida en un itinerario de tráfico internacional e interés europeo y sirve de acceso al paso fronterizo con Portugal", así como a puertos y aeropuertos.

"Por lo que no sería factible el traspaso de la autopista al Gobierno autonómico de conformidad a lo establecido en la legislación vigente y, de acuerdo con los principios constitucionales de reparto de competencias entre administraciones", agrega.