Sin embargo, para realizar esta interrupción voluntaria del embarazo se envió a la paciente a una clínica privada en Madrid, sin facilitarle transporte, desde donde tuvo que ser trasladada al hospital La Paz por complicaciones en la intervención, con la consecuencia final de que la paciente perdió el útero.

"Esta condena es la constatación de que el sistema sanitario gallego maltrata a las mujeres", ha defendido Manuel Martín, quien considera que este hecho es "una especie de violencia de género".

Acto seguido, el portavoz de SOS Sanidade Pública ha cargado contra el presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, por "comprometerse" el pasado mes de febrero a crear una comisión para investigar aquellos abortos que se produjeron sin la asistencia sanitaria necesaria en el hospital de A Coruña.

Debido a que, ha censurado, en la actualidad no se sabe nada de esa comisión, considera que este anuncio realizado en febrero de este año fue "un brindis al sol para salir del paso".

Así las cosas, ha apostado por que el Sergas "acabe" con el derecho a la objeción de conciencia, que "no puede estar por encima", ha defendido, del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En este sentido, también ha lamentado que "sólo tres hospitales de la red pública gallega" practiquen este último derecho de las mujeres.

"No es aceptable que sean remitidas a Madrid para hacerlo en centros privados", ha subrayado, para luego hacer hincapié en que si los profesionales de la sanidad pública gallega aluden a la objeción de conciencia para no realizar una interrupción voluntaria del embarazo, "lo que tiene que hacer el Sergas es no contratarlos".