Los juzgados murcianos recibieron en el segundo trimestre del año un total de 1.610 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento interanual del 24 por ciento, (1.222 en el mismo periodo de 2015). La estadística hecha pública hoy por el Observatorio contra la violencia doméstica y de género refleja que un total de 1.561 mujeres figuran como víctimas de violencia de género en el conjunto de las denuncias presentadas en el segundo trimestre de 2016.

En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, destacan por encima de la media nacional, que es 14, Murcia, con 21,3, después de Canarias, con una ratio de 22,5, mientras que la ratio más baja se da en La Rioja y en Castilla y León, con ratios ligeramente superiores a ocho, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia en un comunicado.

Por lo que hace referencia a las denuncias presentadas, es significativa la variación al alza registrada en la Región, que supera la registrada en el conjunto del país con una variación al alza de un 13,4% respecto de la del mismo trimestre del año anterior, ya que en el segundo trimestre de este año se han presentado 36.319 denuncias, mientras que en el segundo trimestre de 2015 se presentaron 32.023 denuncias.

Casi un 70 por ciento de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales. Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 16,48 por ciento de los casos.

196 VÍCTIMAS SE ACOGEN A LA DISPENSA DE LA OBLIGACIÓN DE DECLARAR

En el segundo trimestre del año, en 196 casos, la víctima de violencia de género se ha acogido a esa dispensa de la obligación legal de declarar, lo que supone un porcentaje de un 12,6 por ciento en relación con el total de mujeres víctimas de violencia de género. Una ratio dos puntos inferior a la del conjunto del Estado, donde se observa que se acogen a esta dispensa en una proporción superior las mujeres extranjeras que en las españolas (un 18, 3 frente a un 13 por ciento).

Durante el segundo trimestre del año, se solicitaron 417 órdenes de protección en los diferentes órganos judiciales de la Región, de las que se adoptaron 246, un 59 por ciento.

Según los datos nacionales, en un 52 por ciento de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección mientras que en un 48 por ciento restante la relación se había extinguido. Dato que se mantiene estable respecto al del año 2015. Un 2 por ciento de las mujeres víctimas que solicitaron orden de protección fueron mujeres menores de edad.

Además, derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares se adoptaron 1.046 medidas judiciales penales, entre las que destacan la orden de alejamiento, la prohibición de comunicación, la suspensión de la tenencia y uso de armas, la salida del domicilio y la prohibición de volver al lugar en que se cometió la agresión.

Al mismo tiempo se dictaron 297 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal. Más de un 30% de las medidas adoptadas lo fueron en relación con la prestación de alimentos y un 26,4 por ciento resolvieron la atribución de la vivienda. En un 7,6 por ciento de los casos las medidas supusieron la suspensión de la guarda y custodia de los hijos y en un 6 por ciento de los supuestos se procedió a la suspensión del régimen de visitas.

Destaca en este apartado, como consecuencia de las reformas legales operadas para la inclusión de los menores como víctimas de violencia de género, el dato del notable incremento de las medidas tendentes a una mayor protección de los menores, ya que la evolución interanual de las medidas de suspensión de la guarda y custodia refleja en el conjunto del Estado un incremento del 236%, mientras que la suspensión del régimen de visitas ha experimentado un crecimiento interanual del 65%.

En este sentido, la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona,

destaca que la mayor visibilidad del fenómeno de la violencia de género "como lo atestiguan los datos correspondientes al segundo trimestre del año nos proporciona una radiografía muy completa de este tipo de violencia y nos conduce invariablemente a las dos caras de una misma moneda".

De un lado, subraya datos positivos, algunos "muy positivos", como lo son "el aumento de las medidas judiciales que buscan proteger a los menores, víctimas como son de la violencia de género". También ha subrayado una vez más "el aumento de las condenas a los maltratadores, por lo que tiene de valor en sí mismo y por el mensaje ejemplarizante que desprende: no hay impunidad para la violencia machista".

En este lado de la balanza, Carmona sitúa

el incremento de las órdenes de protección concedidas, no solamente el de las solicitadas. "Y, aunque sea todavía escaso, sí quiero resaltar que han aumentado las denuncias de malos tratos que presentan familiares de las víctimas", añade la presidenta, quien incide en que es en ese terreno, el de la concienciación y sensibilización social y familiar, "donde más podemos ganar en el combate contra el terror de género".

En el lado opuesto, la presidenta del Observatorio no puede ocultar su preocupación por la elevada cifra de denuncias y, sobre todo, de mujeres víctimas de violencia de género. "Asumir como algo normal esas más de treinta y tres mil mujeres que han sufrido en un trimestre la crueldad de la violencia sexista es imposible", añade.

También le preocupa que casi un 15 por ciento de las víctimas haya decidido renunciar al proceso. "Ello me obliga a insistir en la necesidad de potenciar los recursos sociales y asistenciales a disposición de las mujeres maltratadas, para que ninguna sienta desamparo y soledad en el difícil proceso que se abre tras la denuncia", subraya.

"En este punto quiero resaltar el valor, la fuerza y el ejemplo social de las mujeres que se atreven a denunciar y a continuar el proceso judicial", ha añadido.

"Todo ello, una vez más, me conduce a expresar en primer lugar mi solidaridad y apoyo para con las víctimas y, en segundo término, a ratificar el compromiso del Observatorio que presido para no desfallecer en la lucha que desde hace años venimos manteniendo en la erradicación de esta lacra social", señala.

Se trata, añade, de un compromiso "que no es papel mojado, sino que se plasma en el fortalecimiento de la coordinación institucional y en la sensibilización de toda la sociedad, haciendo hincapié, cada vez con más fuerza, en la defensa de los valores que nos hacen ser una sociedad madura y democrática: la libertad, la igualdad, el respeto".