Vergeles ha considerado que los servicios sociales "deben estar basados en la justicia social y en la solidaridad, y no deben estar basados en la caridad", y ha aseverado que la elaboración de una nueva ley "requiere de negociación, pero también de un estudio de cuál es la realidad", del plan estratégico de servicios sociales.

José María Vergeles se ha pronunciado de esta forma durante la comparecencia que ha protagonizado, a petición propia, en el pleno de este jueves en la Asamblea de Extremadura, para informar sobre el desarrollo normativo previsto de la Ley 14/2015 de Servicios Sociales de Extremadura.

En su intervención, el consejero ha recordado que la actual Ley de Servicios Sociales, aprobada en abril de 2015, "nació de un furor legislativo incontrolable en la pasada legislatura", y cuenta con "grandes defectos y limitaciones que dificultan enormemente su desarrollo", y menos aún en los plazos que establece este norma.

Vergeles ha lamentado que esta ley se elaboró en "ausencia de diálogo, de participación social", y con la ausencia además de una "memoria económica rigurosa", y que en la actualidad por tanto son elementos que "dificultaron, dificultan y dificultarán el desarrollo sostenible y armónico de esta ley".

Según el consejero, esta norma aprobada durante el gobierno del PP "nació con la amenaza de la privatización de los servicios sociales", que según ha dicho, "no es el modelo" del gobierno socialista actual, quien ha reafirmado su apuesta por "garantizar los servicios sociales a los extremeños".

A pesar de todo ello, Vergeles ha señalado que en la actualidad se está "poniendo en marcha el sistema público de servicios sociales de Extremadura", que servirá "para asegurar un derecho ciudadano", y que contará "con financiación y gestión pública".

BASADO EN LA JUSTICIA SOCIAL

Un sistema público que, "nos cueste lo que nos cueste, estará basado, en la justicia social y en la caridad", ha reafirmado el consejero de Sanidad, quien ha señalado que "ese es el modelo" del Ejecutivo socialista actual, y en "lo que está trabajando".

Vergeles ha señalado que la Junta de Extremadura ha acometido una reforma de los servicios de atención básica, con el incremento del presupuesto, que ha permitido "no solo hacer posible el incremento de los trabajadores sociales", sino también "ha permitido pasar de subvencionar un derecho, que no es nuestro modelo, a conveniar un derecho, que sí es nuestro modelo".

"Los derechos no se subvencionan, los derechos se aseguran por concierto", ha aseverado el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, quien ha resaltado que la Junta financia a los ayuntamientos "hasta con un 99 por ciento de los servicios de atención social básica", y se han aumentado más de 47 plazas.

Ante esta situación, Vergeles ha señalado que se está trabajando en un "mapa social" para "poder ir a una coordinación social y sanitaria desde la base, efectiva y real", tras lo que ha resaltado que la "hoja de ruta" de la Junta de Extremadura "está clara".

PODEMOS PIDE UNA NUEVA LEY

En nombre del Grupo Parlamentario Podemos, el diputado Daniel Hierro ha considerado que los servicios sociales de base de Extremadura "necesitan algo más que un empujón", y aunque se están "reforzando" con la contratación de 47 personas, ha señalado que "este refuerzo va acompañado de nuevas leyes que incrementan la carga de trabajo".

Por eso, "es posible que este refuerzo no sea suficiente", ya que según ha señalado el diputado de Podemos, a final de año "miles de personas" van a solicitar la renovación de la Renta Básica o las ayudas del decreto de mínimos vitales.

Hierro ha considerado que una vez que se incorporen estos trabajadores sociales, en unos meses se haga una valoración del "reforzamiento" de estos servicios para conocer su funcionamiento, y ha reclamado además al PSOE que cumpla su promesa electoral de elaborar una nueva Ley de Servicios Sociales.

EL PP CRITICA QUE NO SE HA DESARROLLADO

Por su parte, la diputada del Grupo Popular Felisa Cepeda, ha criticado los "incumplimientos" del consejero de Sanidad ya que esta Ley de Servicios Sociales recogía un calendario de desarrollo, como la creación del consejo asesor de servicios sociales o el consejo interadministrativos, que establecía unos plazos que han sido "incumplidos".

La diputada del PP ha lamentado que el Ejecutivo extremeño actual no

ha elaborado ni un mapa de servicios sociales, ni catálogo del sistema público de ese sector ni registro de entidades prestadoras, mientras que el consejero durante el año y medio que lleva el gobierno "se ha limitado a hacer promesas y anuncios", tras lo que le ha instado a que se "ponga a trabajar".

Cepeda ha valorado que el Gobierno del PP "materializó" en esta ley "el reconocimiento del derecho de todas las personas a los servicios sociales", y este sistema se marca como "el auténtico pilar del estado de bienestar, fortaleciendo los derechos sociales".

Así, la diputada del PP ha rechazado las declaraciones del consejero en las que aseguraba que en esta ley no hubo diálogo, ya que según dijo, "hubo diálogo con todos los colectivos implicados", y de hecho, ha recordado que esta ley se aprobó por la unanimidad de todos los grupos en la Asamblea.

EL PSOE DICE QUE ESTÁ "VACÍA DE CONTENIDO"

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, la diputada Catalina Paredes, se ha mostrado "consciente" de la "gran dificultad" que tiene la Junta de Extremadura para desarrollar esta ley de Servicios Sociales que "nació con grandes limitaciones".

La diputada socialista ha aseverado que esta ley nació con "carácter electoralista" para "lavar la imagen" de un gobierno anterior "campeón en los recortes sociales".

Paredes ha señalado que esta ley nació "vacía de contenido" y "carecía de financiación", y además "abría la puerta a la privatización", algo que el PSOE rechaza, por lo que ha aseverado que "era un desastre de ley" que el Grupo Socialista intentó mejorar "a través de enmiendas parciales".

Así, la diputada socialista ha valorado la labor que está haciendo el consejero de Sanidad, que ha aumentado el número de profesionales de servicios sociales para adecuarse a la ratio, y ha aumentado el presupuesto "para garantizar la sostenibilidad financiera" de los servicios sociales, por lo que ha aseverado que la Junta de Extremadura "es sensible a la realidad extremeña".