Según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press, tres acusados se concertaron para obtener un rendimiento urbanístico de una parcela en el núcleo de 'El Espino', "suelo que les constaba que era no urbanizable", donde uno de ellos levantó su propia casa, vendiendo las subparcelas restantes a tres extranjeros "con la promesa de que podrían edificar".

Estos tres acusados han declarado este miércoles, mientras que el resto, incluido el exregidor, lo hará en las próximas sesiones de la vista oral, que se retomará los días 25 y 26 de este mes. Además, las defensas han planteado sus cuestiones previas, coincidiendo en la prescripción de los delitos ante el tiempo transcurrido entre que se terminaron las viviendas y el caso.

Los hechos, sucedidos en 2002, fueron descubiertos por el propio Ayuntamiento de Alcaucín una vez que tomó posesión la nueva corporación municipal tras la operación 'Arcos', donde está acusado Martín Alba y otras 48 personas y cuyo juicio está previsto que comience en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga el próximo mes de noviembre.

Así, de los tres acusados que se concertaron, según la Fiscalía, uno adquirió la mayor parte del terreno, mientras que otro se quedó con un tercio "en clara intención de participar en el lucrativo e ilegal negocio" y el tercero se encargó de los trámites de pedir las licencias. Además de éstos y del regidor, están acusados un arquitecto, un constructor y un arquitecto técnico.

El primero de los acusados en declarar ha sido el hombre que compró el terreno, que se dividió en subparcelas, construyéndose él mismo una vivienda. Éste ha negado que conociera al entonces alcalde y que hablara con él para la licencia, asegurando que no habla español y es "un mecánico de coches que necesito profesionales porque no conozco la ley".

Ha declarado que pensó en dedicar su parcela al cultivo, pero que vendió una parte porque era mucho, asegurando que nadie le dijo que era suelo no urbanizable y que siempre creyó que todo era legal. Ha dicho que no intervino en la compraventa de las parcelas segregadas a extranjeros. El segundo acusado ha manifestado que no compró un trozo de terreno, sino que fue la garantía a un dinero que prestó al anterior.

Asimismo, ha señalado que los contratos de venta no los vio hasta que no fue a declarar a la Guardia Civil por este caso. El tercer procesado que ha declarado ha asegurado que estaba "convencido" de que actuaba "con toda" legalidad y ha incidido en que "nunca he dicho nada que no fuera conforme a ley". "No me puedo explicar lo que está ocurriendo", ha indicado este abogado, quien también ha añadido que no se reunió con el entonces alcalde.

El ministerio público sostiene que el entonces alcalde consintió la construcción en este caso de cuatro viviendas "siguiendo la práctica habitual en aquella época en el Ayuntamiento", de forma que al dorso de la solicitud de licencia "sin aportar informes de ningún tipo se concedía o se denegaba". En estos casos, el apartado de si procedía o no "aparece sin rellenar", por lo que no fueron concedidas formalmente.

A pesar de esto, el exalcalde "con conocimiento de los hechos", dice el fiscal, "dejó voluntariamente de ejercitar sus competencias en materia de disciplina urbanística, permitiendo la construcción" de las viviendas. Además, también autorizó el enganche de las casas a la red de abastecimiento de agua.

La parcela estaba en suelo no urbanizable según las normas subsidiarias de planeamiento, adaptadas a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA); misma calificación que tenía en el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en 2010, lo que "equivale al suelo de carácter natural o rural definido en dicha ley".

Por estos hechos, el fiscal acusa a todos por delitos de estafa, contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística, todos con carácter continuado. Además de prisión, se solicita multa e inhabilitación por diez años para empleo o cargo público.

Asimismo, se considera que los acusados deben indemnizar a los tres compradores de las parcelas en las cantidades entregadas, que hacen un total de 490.500 euros. La acusación pública pide también la demolición de las construcciones ilegales.