Colectivos tan diferentes como las ONGs (Pueblos Unidos, Servicio Jesuita del Migrante), los sindicatos policiales (SUP), los partidos políticos (PSOE o Podemos) o la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, coincidieron este miércoles en que algo está pasando con los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y en demandar "soluciones", después de que 39 inmigrantes, todos argelinos salvo un marroquí, protagonizaran durante once horas un motín en la azotea del centro de Aluche (Madrid).

A pesar de que el ordenamiento jurídico español determina que los CIE "no tienen carácter penitenciario", la realidad es que, según las organizaciones sociales, estos "funcionan como verdaderas cárceles". Lo han constatado también cuatro universidades españolas (Comillas, Valencia, Valladolid y Barcelona).

El Gobierno defiende su existencia alegando que los internos "han transgredido la ley y el juez, a petición de la Administración, decide la expulsión. Mientras se les expulsa están en los CIEs. Allí no están más de 40 ó 60 días, hay un máximo de tiempo".

Los que han podido entrar y ver cómo son por dentro estas siete instalaciones que dependen del Ministerio del Interior encuentran innumerables deficiencias en ellos, entre las que destacan instalaciones deterioradas, vulneración del derecho a la intimidad, o a las comunicaciones o el internamiento de personas vulnerables.

Las organizacione sociales consideran que los CIE no son lugares apropiados de personas que han cometido, en muchas ocasiones, solo una "falta administrativa":

"Algunas instalaciones, especialmente la de Algeciras, cuentan con deficiencias o notables deterioros que pueden poner en riesgo la salud y seguridad de los internos", dice el informe de ámbito universitario. Concretamente cita "sistemas de cierre con llave y rejas" que ponen en entredicho la ejecución de planes de evacuación. También detectan vulneración de la integridad, porque los internos comparten habitaciones de dimensiones reducidas .

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, recordaba este miércoles que centros como los CIE existen en otros muchos países, pero ha admitido que en "algunos momentos, el número de personas" internas en ellos es "alto y puede provocar dificultades y problemas". Ha añadido, eso sí, que en "todos los centros de internamiento o penitenciarios se debe preservar los derechos humanos".

Los abogados de los internos consideran que los CIE disponen de servicios sanitarios demasiado básicos por lo que los inmigrantes reciben asistencia "inferior" a la que en condiciones normales se recibiría en cualquier centro de salud, incluido el acceso a los productos farmacéuticos. El pasado 5 de octubre el CIE de Zapadores, en Valencia, cerró debido a una plaga de chinches. Todos los internos tuvieron que ser reubicados.

Muchas son las críticas de los expertos respecto de las comunicaciones. "No existe un reglamento común a todos los centros y en unos, por ejemplo, los internos disponen de móvil, en otros está prohibido, y en otros solo pueden usarlos unas horas", denuncia Salvador Yerga, abogado y autor del informe 'Vulnerables Vulnerabilizados', que analiza la realidad de los CIEen el año 2015. En su opinión, convendría cerrar estos establecimientos y explorar otras vías con los inmigrantes en situación de irregularidad, como "fijación de domicilio, retirada de documentación o presentación periódica ante las autoridades". Pero mientras no ocurra, al menos pide que se homologuen las normas en los siete centros, para que no dependan de cada gerencia.

Otros informes se centran en la falta de intérpretes y traductores, en la vulneración de la intimidad en las comunicaciones con familiares, que han de realizarse a través de mamparas e impidiendo el contacto físico entre ellos. En este sentido, también se critican las restricciones en lo que se refiere la p periodicidad de las visitas de amigos y familia.

El último informe del Servicio Jesuita de Migrantes y Pueblos Unidos denunciaba que en 2015 habían entrado en los CIE de España hasta 19 menores y 167 peticionarios de asilo. De estos últimos lamentan que "vengan huyendo de un infierno y acaben recluidos en otro infierno".

Los expertos critican que no se pongan en marcha protocolos para la identificación de los internos, así como que los funcionarios de estos centros de internamiento no reciban formación en derechos humanos, extranjería y género.

En julio, el Ayuntamiento de Barcelona quiso cerrar el CIE de la ciudad alegando que carecía de licencia y de las medidas de seguridad adecuadas. Un juzgado señaló, no obstante, que existían "serias dudas sobre la competencia del Ayuntamiento" para ordenar dicho cierre.

Las quejas del Sindicato Unificado de Policía van por otro lado: "El hecho de que un porcentaje altísimo de internos sean delincuentes con varios antecedentes y estén pendientes de su expulsión favorece que en un futuro no muy lejano nos encontremos con la posibilidad de lamentar desgracias personales". dicen. Mientras, los defensores de los internos reclaman un catálogo de infracciones o sanciones que les dote de seguridad jurídica.