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Velarde defiende que si hubo sobrecostes en la obra de Gitpa "estaban dentro de la legalidad"

Sandra Velarde.
Sandra Velarde. (PRINCIPADO)
  • La directora general de Telecomunicaciones del Gobierno asturiano, Sandra Velarde, ha defendido este miércoles que si se produjeron sobrecostes en la red troncal occidental de fibra óptica realizada por Gitpa, estaban "dentro de la legalidad", porque en todo caso lo fuero por debajo del precio base de licitación.

Velarde ha comparecido ante la comisión de Investigación de la Junta General que investiga las posibles irregularidades en esta actuación. En la misma sesión también ha estado, como compareciente, Alfonso Oliva, actual director de Gitpa. Ambos han sido nombrados en sus cargos recientemente. Velarde desde el 8 de junio, en sustitución de Luis Ángel Colunga, y Oliva desde el 17, sustituyendo al destituido Eduardo González Bayod.

A preguntas del diputado de Ciudadanos, Armando Bartolomé, Velarde ha insistido en que la obra de la troncal occidental partió "de una encomienda de la Consejería a Gitpa". "La obra se prepara en la Consejería y se estima el precio de licitación, y se encomienda a Gitpa. Gitpa, a continuación, saca una licitación para adjudicarla a la oferta más ventajosa económicamente y las ofertas presentadas resultó que estaban por debajo del precio base de licitación".

"El adjudicatario la hizo, y en cualquier caso, si hubo algún sobrecoste estaba dentro de la legalidad. La Administración no pagó un precio superior al que ellos mismos estimaron de partida", ha incidido.

AUDITORÍA

Por este motivo, la directora considera que "no tiene tanto sentido el tema económico, porque no hubo un quebranto en ese sentido". "La obra está hecha por debajo del precio de la encomienda", ha recalcado. Respondía así a las preguntas de Bartolomé, que se quejaba de que la auditoría de Gitpa, realizada por Arroyo Norte (que recibió unos 14.000 euros por su trabajo de la Administración autonómica), "fue un puro trámite", y que considera que debió ser mucho más exhaustiva e incidir en los aspectos económicos, en lugar de limitarse a "medir".

Respecto a las modificaciones del informe de conclusiones, ha negado que el documento se hubiese modificado tres veces. "La empresa auditora presentó un documento y lo llevó a visar al colegio de ingenieros industriales", ha explicado. Es en el periodo que transcurre entre la llegada de la documentación al Colegio y el visado (unos dos días), según la versión de Velarde, cuando la empresa se da cuenta de algunos errores y procede a entregar una esa versión a la Consejería con una fe de ratas.

"Ahí no hemos tenido nosotros ninguna intervención", ha recalcado, ante las acusaciones del diputado del PP, José Agustín Cuervas Mons, que la acusa de haber tratado directamente de influir en la elaboración de dicho informe. A modo de ejemplo, comentó que se había computado mal el IVA, uno de los motivos por los que se modificaron algunos datos. "No hay cosas tan oscuras como las que usted indica", ha señalado.

Al respecto de este asunto, Alfonso Oliva Rivero, ha reconocido que elaboró "unas notas de trabajo", que trasladó a Sandra Velarde, para "realizar un informe de corrección de errores de 12 páginas". Ha defendido dichas correcciones porque "solo revisando la propia documentación aportada por la empresa se localizaban estos errores".

Ha matizado, no obstante, que su trabajo en este sentido ha sido sobre la documentación presentada por la empresa redactora del informe y "no sobre otras cuestiones", sobre las que no se ha pronunciado.

Preguntado por el diputado de IU, Ovidio Zapico, tampoco ha querido opinar si la auditoría ha sido la adecuada y si los diputados de la comisión pueden confiar en sus conclusiones.

"INVALIDADA"

José Agustín Cuervas Mons ha considerado que las comparecencias de Velarde y Oliva demuestran que la auditoría "carece de todo valor". H"oy nos hemos enterado", ha señalado, "que las observaciones a la auditoría se hacen desde Gitpa, por los que están implicados en la trama del cable. Es como si el alegato del juez lo hace el propio acusado".

Ha incidido en su acusación contra la Consejería de "querer tapar las irregularidades dando una apariencia de normalidad". "Se demuestra que las correcciones las ha dictado la propia empresa pública y su propio gerente", ha añadido.

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