El documento sido presentado de manera simultanea en la capital asturiana y por la Concejal de Transparencia, Ana Taboada (Somos) en el Congreso de los Diputados. El manifiesto pide la derogación de las la modificación del artículo 135 de la Constitución, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la 'Ley Montoro' de la Administración Local que "han llevado al límite" y han dejado "sin margen de maniobra para dar servicios a los ciudadanos" a las Administraciones locales como Oviedo.

El concejal y portavoz de Somos Oviedo, Rubén Rosón, ha puesto de relieve que estas leyes y políticas, auspiciadas por el PP, han puesto antes los "intereses de los deudores y luego los de los ciudadanos", "cercenando cualquier tipo de política valiente que se quiera hacer desde la administración local".

En esa línea, ha remarcado que obligan a los ayuntamientos a "recaudar el dinero de los vecinos" para "soltarlo directamente en los bolsillos de los grandes empresarios y

fortunas de la ciudad". "El Ayuntamiento no está para ser el cobrador del Frac para pagar la deuda a los grandes propietarios", ha añadido.

Tanto Rosón como Taboada en Madrid, cuya intervención ha sido seguida en streaming en la sala de prensa del Ayuntamiento, han acusado a las políticas del anterior Gobierno de la ciudad del PP de las deudas de un Ayuntamiento tras los casos de Villa Magdalena, el Palacio de la Calatrava o las expropiaciones de Rodríguez Cabeza.

Una "deuda real" que puede "alcanzar los 150 millones de euros" y repercute en los servicios municipales que el actual Gobierno "no puede ejecutar" porque debe afrontar el pago de un endeudamiento resultado de los 24 años de Gobierno 'popular' en la capital asturiana.

Cristina Pontón ha respondido a los medios que el manifiesto "está abierto a todo el mundo" y que "está en manos del PSOE de Oviedo" prestar su apoyo al documento.

Por otra parte, Pontón ha explicado que este es "sólo un primer paso" y durante el último fin de semana de noviembre, 25 y 26, Oviedo acogerá "una gran reunión" para constituir un "frente municipalista" para "decir no" a la deuda ilegítima. Una deuda que ha consistido en "privatizar los beneficios y socializar las pérdidas" durante los años de la crisis.