Según el escrito elevado por la Junta de Andalucía a la citada instancia judicial, encargada de la impugnación promovida por Adepa contra la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Sevilla al citado proyecto de rehabilitación y adaptación del monumento, Fernando Amores es "el arqueólogo que dirigió los trabajos de arqueología más importantes, por extensión y calidad, que se han hecho sobre las Reales Atarazanas".

"Es un experto de primer orden y además testigo privilegiado del estado arquitectónico de las Atarazanas", esgrime la representación de la Junta de Andalucía en este escrito recogido por Europa Press, toda vez que este arqueólogo publicaba recientemente un artículo, exponiendo que "los micropilotes que se proyectan como refuerzo a la cimentación de los pilares inciden de manera puntual sobre los depósitos arqueológicos" del monumento, pero al estar proyectados en espacios "muy próximos a los pilares", dejan "libre casi el 99 por ciento de la superficie de las siete naves como amplísima reserva arqueológica", afectando sólo de manera "irrisoria, oculta y asumible" a los propios pilares, entre otros aspectos.

Frente a dicho escrito, Adepa ha elevado a la citada instancia otro documento, recogido por Europa Press, oponiéndose a la pretensión de la Administración andaluza, pues la misma "ya conocía la opinión del citado técnico, puesto que su nombre aparece en el informe de la Delegación Territorial de Cultura" que figura en las diligencias. Dado el caso, Adepa considera que el posicionamiento de Amores sobre el asunto no se trata de un "hecho nuevo" posterior a la reciente vista pericial celebrada en el marco de la citada pieza separada, destinada a decidir si se suspende no cautelarmente la licencia de obras.

Se trata, según Adepa, de "una persona del todo conocida", pero "ninguna de las partes consideramos oportuna su testifical (en la citada vista pericial) para la resolución de la medida cautelar solicitada" por Adepa. "La práctica de la prueba que ahora se solicita debería haberse propuesto en la vista, en la correspondiente fase de proposición de pruebas", insiste Adepa.

"Para el hipotético caso de que finalmente se acuerde la celebración de la diligencia solicitada", Adepa solicita, de su lado, la comparecencia de Fernando Fernández Gómez, en calidad de arqueólogo, miembro de la Junta Superior de Museos, del Ministerio de Cultura, Conservador del Museo Arqueológico Nacional y otrora director de los conjuntos arqueológicos de Itálica y Carmona, y del Museo Arqueológico de Sevilla".

EL RECURSO DE ADEPA

El recurso de Adepa en cuestión, formalizado el pasado 27 de mayo y recogido por Europa Press, se dirige contra "la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada" interpuesto por la asociación ante el Ayuntamiento, precisamente contra la concesión de la citada licencia de obras. Del mismo modo, se dirige también contra "la Consejería de Cultura" porque la citada licencia de obras "no puede otorgarse sin el previo informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico".

En su argumentación, y entre diferentes aspectos, Adepa señala "la irreversibilidad de las obras que se pretenden acometer, especialmente en la fase inicial de refuerzo de la cimentación, preceptiva y previa para acometer la obra", tratándose las Reales Atarazanas de un recinto declarado monumento histórico artístico y bien de interés cultural, según recuerda el colectivo.

En su recurso, Adepa solicitaba además la apertura de una "pieza separada" destinada a resolver su petición de que, como medida cautelar, sea suspendida la mencionada licencia de obras. "Podemos encontrarnos ante una futura y contradictoria situación en la que se estime nuestro recurso declarando la ilegalidad de la obra y, sin embargo, no se pueda ejecutar la sentencia por los daños irreversibles producidos sobre el edificio", avisa Adepa.

LAS ATARAZANAS

El proyecto de restauración y adaptación del monumento, promovido por la Junta de Andalucía como titular del mismo y la Fundación La Caixa como entidad concesionaria de su gestión, ha sido diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra y ha desencadenado un intenso conflicto a cuenta del rechazo de los colectivos conservacionistas.

El diseño plantea restaurar y adaptar como centro cultural el citado recinto histórico, formado por restos de la antigua muralla almohade, siete naves de las atarazanas medievales del siglo XIII, restos del apostadero de la Carrera de Indias de los siglos XVI y XVII y edificaciones de la Real Maestranza de Artillería pertenecientes a los siglos XVIII, XIX y XX.

Pero aunque la iniciativa cuenta con aval de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico e incluso licencia de obras, los colectivos conservacionistas lo tachan de "crimen patrimonial". Principalmente, critican que la iniciativa no recupere la cota original del monumento y prevea "la reforma de dos cuerpos edificados sobre las naves dos y cuatro, modificando sus cubiertas, cerramientos y distribución interior", con la instalación de "varias escaleras mecánicas y un nuevo forjado", entre otros aspectos.

Además, critican la previsión de incorporar "micropilonos de hormigón a los pilares originales", lo que a su juicio supone "introducir elementos nuevos disruptivos con el entorno y contrarios a la conservación íntegra" del monumento, sobre todo porque los micropilonos de hormigón "no salvaguardan el patrimonio arqueológico" del monumento.

EXCAVACIONES JUNTO A LA MURALLA

Dado el caso, la Consejería de Cultura y la Fundación La Caixa han anunciado que el proyecto incorporará una excavación en la parte de la muralla almohade con una superficie de 1.200 metros cuadrados, que permitirá la recuperación integral de la muralla hasta la cota original de las atarazanas primitivas.

Al respecto, el informe emitido por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos por sus siglas en inglés) señala que el proyecto de intervención adolece en mayor o menor medida de una "carta de riesgos, estudios previos y un plan director", recomendando "suspender" la actuación hasta la redacción de tales documentos, para someter después el proyecto a las determinaciones de la carta de riesgos o el plan director.