La mayoría de los partidos del Congreso, salvo Unidos Podemos, ERC, PDC (la antigua Convergencia) Bildu y Compromís, han pedido este martes cambiar el articulo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para poder elevar el objetivo de déficit de las autonomías al 0,7% este año y permitir un aumento de su gasto.

La modificación legislativa, que solo supone la modificación de ese artículo, implica que si tras una decisión de la UE resulta necesario revisar los objetivos de déficit y deuda pública de las Administraciones, el Gobierno pueda hacerlo aunque esté en funciones.

Para evitar que una posible disolución de las Cortes en caso de no formarse gobierno impida su aprobación y posterior validación en el Senado, el PP solicitó que se tramitara de forma directa y en lectura única. Este martes se ha tomado en consideración con el respaldo de PSOE, Ciudadanos y PNV y ahora se abre un plazo de 48 horas para enmiendas. El jueves debe aprobarse el texto definitivo, que contará con el respaldo de los tres partidos.

Los populares tenían asegurado el apoyo de Ciudadanos pero necesitaban también el del PSOE, ya que se trata de una ley orgánica que requería el voto a favor de al menos 176 diputados. También Ana Oramas, de Coalición Canaria, ha adelantado su apoyo a la iniciativa el proximo jueves.

Había dudas sobre la posición final de Podemos, que finalmente votarán el jueves en contra como defendía Izquierda Unida dentro de su coalición. El portavoz parlamentario de Podemos, Iñigo Errejón, ha afirmado que dentro de Podemos ha habido "debate y dudas", ya que el propósito de ampliar el techo de déficit de las CCAA "nos parecía interesante" para no "asfixiarlas" porque son las que más gasto en protección social soportan, pero Errejón matiza que sería un "precedente" para que un Gobierno en funciones pueda cambiar rápidamente los objetivos de déficit.

PP: La diputada popular Matilde Asian ha abogado por la aprobación de una reforma que supone que las autonomías puedan disponer de 4.000 millones de euros más para financiar sus gastos y que "evita perjuicios a los españoles". "Si no acordamos esta modificación, los servicios públicos esenciales se verán resentidos en su calidad y volveremos a los impagos porque aumentará la cola de proveedores y las insolvencias se propagarán", ha advertido la diputada popular que ha negado que la reforma sea un "parche".

PSOE: Los socialistas rechazaron en su momento la aprobación de esta ley porque "confunde estabilidad presupuestaria con recortar el Estado del Bienestar, es neoliberal", asegura su portavoz de Economía, Pedro Saura. Pero según el diputado socialista no apoyar esta reforma sería "votar contra la sostenibilidad del Estado del Bienestar y el presupuesto de las CCAA, de la Sanidad, la Educación y la Dependencia". En este sentido, ha dicho que las administraciones autonómicas "están esperando como agua de noviembre esta aprobación"

Unidos Podemos: El coordinador federal de IU, Alberto Garzón asegura que es "una oportunidad para revisar la propia ley de Estabilidad que es un principio que se nos ha intentado inculcar con la Constitución". Ha abogado porque la ley no establezca como prioridad absoluta pagar antes los intereses de la deuda que los gastos en sanidad o las prestaciones sociales.

Ciudadanos: El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado que su grupo parlamentario enmendará la reforma de la Ley, aunque "no la obstaculizará" porque "es urgente para el país". El portavoz económico, Toni Roldán, ha pedido a los políticos "dejar de mirarse el ombligo" y empezar a pactar reformas. "No tenemos otra alternativa. A nosotros tampoco nos gusta Rajoy pero si no se aprueba esta reforma las CC AA no podrán proveer", ha dicho. "De no aprobarla, sería un caos y las comunidaes no podrían acceder al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ni pagar los salarios de sus funcionarios", ha añadido el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta.

PNV:  Su portavoz parlamentario, Pedro Azpiazu, argumenta que votarán a favor para que las autonomías cierren su ejercicio y elaboren presupuestos para 2017, pese a que ha criticado que es una propuesta extemporánea, inadecuada e insegura porque da "un cheque en blanco" para que un Gobierno en funciones tenga más atribuciones que otro que no lo está, pudiendo revisar los objetivos de déficit para un año en curso.