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Tribunales.- Muñoz dice que es "un humilde camarero" que se limitó a firmar todo lo que decía Jesús Gil

Julián Muñoz entrando en los juzgados
Julián Muñoz entrando en los juzgados (EUROPA PRESS)
  • El exalcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz ha vuelto a declarar este martes en otro juicio por presuntas irregularidades urbanísticas a través de la firma de un convenio con una sociedad para construir un edificio y ha reiterado que no tenía conocimientos ni jurídicos ni técnicos, que se limitaba a firmar lo que decía el exregidor Jesús Gil y que no recibió dinero por firmar. "Yo soy un humilde camarero", ha señalado en un momento de su declaración.

La Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha acogido la primera sesión del juicio contra Muñoz, el que fuera gerente de la sociedad municipal Planeamiento 2000 Juan Antonio Roca, para los que la Fiscalía Anticorrupción pide diez años de prisión; y un empresario, en una causa en la que investigan las supuestas irregularidades en un convenio suscrito por el Ayuntamiento de Marbella con la sociedad Marina Mariola en 1997. La vista continúa este próximo miércoles.

Muñoz, que se encuentra en tercer grado penitenciario, ha dicho que lleva "20 años diciendo" que no ha negociado convenios y que firmaba lo que le decían, sin leer los documentos y, por tanto desconociendo el contenido. Ha apuntado que por esto ha pagado "un precio altísimo" y que le quedan "ciento y pico causas", expresando ante el Tribunal su delicado estado de salud y sus perspectivas de vida; "me queda poco tiempo".

Ha reiterado que "nunca" fue consciente de que perjudicaba al Ayuntamiento. "Lo siento y me arrepiento. Si lo hubiera sabido no lo hubiera firmado", ha apuntado, al tiempo que ha insistido en que rubricaba cientos de convenios, aunque ha admitido que "seguro" que no los tenía que haber firmado. "La gente se ha pensado que yo siempre he sido el alcalde y eso es mentira", ha apostillado.

Su defensa ha alegado dilaciones indebidas, al verse en esta causa un convenio de 1997, considerando que se están violando derechos humanos por la pena de banquillo.

Roca, por su parte, ha asegurado que él ha negociado "unos 600 o 700 convenios", pero ha insistido en que en este en concreto no participó. "No tendría inconveniente en reconocer que lo he hecho yo, lo he reconocido antes con otros, pero no lo he hecho", ha insistido, añadiendo que tampoco tuvo contacto con el empresario, quien habló directamente con Gil.

"Estoy aquí por un error, por llamarme Juan Antonio Roca", ha aseverado el exgerente de Planeamiento, al que le acaban de conceder su primer permiso penitenciario después de más de diez años en prisión, aunque por el momento no lo podrá disfrutar al estar recurrido.

Asimismo, ha añadido que Gil no le hizo ningún favor con este convenio al empresario, el cual también está acusado y que, aunque ha admitido que conocía a Roca -"quién no conoce a Roca"-, ha ratificado que no negoció ni con éste ni con Muñoz el convenio.

LA ACUSACIÓN

En sus conclusiones provisionales, fiscal sostiene que desde la llegada al poder del Grupo Independiente Liberal (GIL), los responsables municipales elegidos, con Jesús Gil al frente, "que casi inmediatamente dejó de firmar cualquier documento para no comprometerse en las ilegalidades que sabía se sucederían", gestionaron el patrimonio público "en su propio beneficio".

Así, en el escrito inicial, al que tuvo acceso Europa Press, se precisa que Muñoz, como regidor accidental, fue "persona de confianza durante algunos años para firmar decretos, convenios y escrituras en nombre del alcalde y del Ayuntamiento"; mientras que Roca era el "verdadero gestor de hecho en materia urbanística, desde un aparente segundo plano y con una contratación laboral".

A nivel general, el fiscal señala que todos los implicados "creían tener coartada": el alcalde, "porque no firmaba nada"; el regidor accidental "que no sabía lo que firmaba o confiaba en la legalidad"; el gerente, "que no tenía cargo público"; y los ediles, "porque no entienden de urbanismo". "Y todos confiados en la impunidad que creían que les aseguraba la mayoría absoluta de los votos ciudadanos", dice.

En esta causa también se acusa a un empresario, como responsable de la sociedad, a quien, como a otros, esos pagos para poder trabajar con los ayuntamientos, "el de Marbella y probablemente de la mayoría de municipios", les seguían "siendo muy rentables dado los altos porcentajes y márgenes de beneficio en la construcción a partir de los incrementos de los aprovechamientos", señala el ministerio público.

Los terrenos donde está el edificio están en Huerta de Las Merinas. La acusación analiza los dos convenios; el primero no llegó a ejecutarse y el segundo recogía un incremento de la edificabilidad, lo que creaba un exceso de aprovechamientos que tasados, estima "los perjuicios causados a las arcas municipales en 4,7 millones de euros".

"La ejecución del convenio mediante la construcción del edificio proyectado no se ajustaba en absoluto a las previsiones del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1986", dice la Fiscalía, apuntando que son 82 los inmuebles que componen el edificio, de los que 74 son viviendas que se vendieron y se habitaron, "pese a estar pendiente de concesión la licencia de primera ocupación".

Se señala que Roca "negociaba personalmente o bajo su dirección todos los convenios" e "imponía en la Corporación los que habían de ser aprobados, con la connivencia de Julián Muñoz". Además, apunta que "no se realizó subasta alguna, adjudicándose directamente los aprovechamientos a la entidad, incumpliendo la legislación local", añadiendo que los convenios se basaban en la revisión del plan no aprobado.

Por estos hechos, se acusa a Roca como inductor por los delitos de prevaricación administrativa, fraude en concurso con malversación y contra la ordenación del territorio; mientras que Muñoz responde de los mismos pero en concepto de autor. Al empresario se le acusa por un delito de fraude en concurso con malversación y por delito urbanístico.

Además de la pena de prisión e inhabilitación por 40 años, se pide que los acusados y la sociedad que firmó los convenios indemnicen al Ayuntamiento de Marbella en la cantidad de 4,7 millones de euros.

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