Por ello, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y adelanta la cadena Ser, la Administración andaluza ha remitido este martes un escrito al Consistorio para que inicie "ya" los trámites, dándose un plazo máximo de 15 días para que puedan darse autorizaciones extraordinarias mientras se tramita lo anterior.

Además de la solicitud formal que la Junta lleva "un año reclamando", se requiere al Ayuntamiento otra documentación técnica necesaria para que puedan darse las autorizaciones extraordinarias que permitan evitar que los chiringuitos tengan que desmontar mientras se realiza la tramitación.

En este sentido, cabe señalar que el periodo para desmontar los chiringuitos comienza el próximo día 31 en la playa de Cortadura y el 30 de noviembre en La Victoria y Santa María del Mar, dándose la circunstancia de que el trámite es "complejo, largo e incluye pasos como la exposición pública e informes de otras administraciones", al tratarse de un modificación sustancial de la concesión otorgada, lo que implica "más de dos meses".

A pesar de que los plazos hacen "muy complicada la tramitación" y que "se ha perdido un año", se ha vuelto a hacer desde la Junta el requerimiento al Ayuntamiento para que presente la documentación y "dar respuesta a las demandas del sector cumpliendo los requisitos legales", tratando así de encontrar "soluciones que no tendríamos que poner sobre la mesa si todo ese trabajo se hubiera realizado en tiempo y forma, como sí se ha hecho en otras localidades de la provincia".

Según ha advertido la Junta, en caso de que no haya una respuesta "ágil" por parte del Ayuntamiento, se tendrá que proceder "de forma obligatoria" por parte del Consistorio al desmontaje de las instalaciones, según lo indicado en las condiciones contenidas en la resolución de otorgamiento de concesión.

Finalmente, ha insistido en que el plazo máximo es de 15 días, siendo imprescindible la documentación técnica solicitada, que incluye un estudio básico de dinámica litoral, un nuevo estudio económico-financiero con los efectos de la permanencia de estas instalaciones, así como un informe que contenga la adaptación de las obras del entorno en el que se encuentran los chiringuitos, la influencia de los mismos sobre la costa y los posibles efectos de la regresión de ésta, entre otras cuestiones.