Fiscal se ha reunido este martes en Fuente de Piedra (Málaga) con los alcaldes de los 13 municipios del norte de Málaga, afectados por problemas de suministro de agua potable. En el encuentro, ha recalcado que "tanto el Estado como la Junta de Andalucía deben de dar una respuesta ante la carencia estructural acreditada en el tiempo y que, además, las infraestructuras deben contar también con la colaboración de las administraciones locales".

En ese sentido, el consejero ha explicado que el Ayuntamiento y la Diputación deben tomar parte en este problema, "ya que serán ellos quienes se encarguen de gestionar finalmente el recurso y las infraestructuras", ha expresado.

De ese modo, para Fiscal la única solución posible, en estos momentos, es llevar a cabo el trasvase de cinco hectómetros cúbicos desde el embalse del Iznájar, en Córdoba, hasta el norte de la provincia de Málaga. De ahí que haya solicitado al Gobierno central que declare la obra de interés general.

En el encuentro, en el que también han participado el delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, y el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Adolfo Moreno, el consejero ha trasladado a los alcaldes el "compromiso firme" de la Junta de Andalucía para solucionar a corto plazo el problema de abastecimiento.

Pese a todo, Fiscal ha manifestado que "el compromiso de la Junta es claro y está dispuesta a asumir su parte en el coste de las infraestructuras". Sin embargo, ha lamentado que el Gobierno se quiera "desentender" del problema.

En ese sentido, el consejero ha remitido ya dos cartas a la ministra de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, que han tenido como respuesta la negación de su ministerio a participar en la obra del trasvase.

Por ello, Fiscal ha criticado que el Gobierno central se niegue a participar en la inversión de la obra, rechazando toda posibilidad de declarar la obra como de interés general del Estado. Tampoco contempla autorizar a través del Consejo de Ministros una transferencia menor de cinco hectómetros cúbicos y remite a la tramitación de una Ley en el Parlamento.

Además, el consejero ha señalado que no se tiene ninguna colaboración del Estado, "pese a que éste se reserva fondos europeos para abastecimiento que no transfiere a las Comunidades Autónomas", ha criticado.

En esa línea, ha señalado que hay precedentes similares en Andalucía en los que el Estado ha participado, como en el trasvase Guadiaro-Majaceite, el trasvase Negratín-Almanzora, o la transferencia de 4,99 hectómetros cúbicos desde el Tinto-Odiel-Piadras al Guadalquivir, que se pretende ampliar mediante la Ley en 15 hectómetros cúbicos más.

El compromiso político de los pueblos se ha ratificado con mociones en todos los municipios y en la Diputación de Málaga. Se ha aprobado también una Proposición No de Ley en el Parlamento de Andalucía en sesión de 8 de septiembre por la que se instaba al Consejo de Gobierno para que a su vez instara al Gobierno de España a aprobar de manera urgente la transferencia de hasta cinco hectómetros cúbicos desde Iznájar hasta los municipios del norte de la provincia de Málaga, así como que se declaren las obras como de interés general del Estado.

Por último, Fiscal ha sostenido que el trasvase vendrá a mejorar considerablemente estos acuíferos, ya que su explotación se reduciría

mejorando así sus niveles, tanto de calidad como de cantidad de sus aguas.