El Gobierno ha expresado su "firme apoyo" a las iniciativas que contribuyan a "erradicar la pobreza, así como a la defensa de los derechos humanos y a potenciar la sostenibilidad del medio ambiente y la defensa de las políticas sociales".

Díaz Tezanos ha puesto de relieve las medidas adoptadas por su departamento en el Plan de Emergencia Social que "se dirigen fundamentalmente a los perfiles más tradicionales de pobreza y exclusión, pero también a las familias que se mueven alrededor del umbral de la pobreza" con el objetivo de "dar cobertura y apoyos necesarios a las personas y familias que presentan una mayor vulnerabilidad procurando una mayor autonomía y evitando que deriven en mayores dificultades o problemas de exclusión social".

Según ha indicado en un comunicado, más del 60% de sus 104 medidas ya están en marcha, algunas desde los primeros meses de legislatura, para hacer frente a la "difícil" situación por la que pasan los 160.000 cántabros que se encuentran en el umbral de la pobreza y la exclusión social.

Según ha precisado la consejera responsable del área de Política Social, el Plan de Emergencia Social responde a "la gran prioridad de este Gobierno y es uno de sus objetivos máximos".

Díaz Tezanos ha asegurado que el "siguiente paso" es el desarrollo del Plan Estratégico de Servicios Sociales, que dé lugar a un nuevo modelo, "más centrado en el usuario, con servicios más próximos a éste y que sea sostenible en el tiempo".

En el encuentro, celebrado este lunes, han estado presentes, además de la vicepresidenta, el consejero de educación, cultura y deporte, Ramón Ruiz, la portavoz de la Alianza y presidenta de la Coordinadora Cántabra de ONGs, Cristina Bandrés; la representante de la Alianza y presidenta de la Red Cantabra contra la Pobreza, Carmen Martín y José Carlos Ceballos, vocal de Incidencia Política de la Coordinadora; además del director de Juventud y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria, Jorge Gutiérrez.

El consejero ha manifestado por su parte que "la política de cooperación es una política existente y activa en este gobierno", como, ha proseguido, "quedó demostrado en nuestro primer presupuesto, en el que aumentaron un 60% las partidas en relación a las que figuraban en el presupuesto de 2015".

Dentro de las acciones transversales que está llevando a cabo el Gobierno, Ramón Ruiz ha puesto en valor los trabajos que se están realizando para la consecución de una Estrategia de Educación para el Desarrollo en Cantabria, tal y como se puso de manifiesto en el Consejo Cántabro de Cooperación y en las resoluciones aprobadas por el Parlamento de Cantabria a propuesta del Gobierno, en el pasado Debate del Estado de la Región.

POBREZA

Bandrés, por su parte, ha destacado que dentro de sus acciones, además de la sensibilización social sobre el problema de la pobreza, uno de sus objetivos es analizar "la incidencia política" de sus reivindicaciones, por lo que el encuentro con la vicepresidenta ha servido para revisar el grado de cumplimiento de los compromisos políticos que firmó el Ejecutivo regional al tomar posesión en 2015.

En este punto han valorado muy "positivamente" el grado de cumplimiento de esos compromisos y han abordado la forma de continuar con ese avance.

Para los representantes de las ONGs la valoración "más positiva" es la referida al "grado de interlocución" alcanzado entre el Gobierno y las ONG's y las entidades sociales y han alabado, de forma especial, su predisposición para el "encuentro y el trabajo conjunto".

Además, han subrayado la necesidad de "consolidar" las políticas sociales y de cooperación al desarrollo con el fin de que "sean sostenibles en el tiempo" y han defendido la necesidad de impulsar y fortalecer las políticas sociales a nivel municipal.

Por lo que respecta a las políticas de cooperación al desarrollo los representantes de las ONGs y entidades sociales han apostado por avanzar hacia el porcentaje del 7%, y han reconocido los esfuerzos realizados por el Ejecutivo hasta el momento, con la asignación de un 0,037% del presupuesto, aunque han asegurado que aún está lejos de alcanzar el objetivo del 0,25% requerido en los presupuestos de 2016.

Han valorado de forma positiva la convocatoria de tres órdenes de sensibilización, proyectos, ayuda humanitaria y de cooperación, y han solicitado "el avance hacia el porcentaje del 0,7%", así como el impulso de "la economía social y la necesidad de incluir cláusulas sociales y ambientales en las convocatorias de contratación desde la administración pública".