La Seguridad Social cerrará este año con el déficit más alto de su historia, del 1,7% del PIB, frente al 1,1% anteriormente previsto, lo que supone una desviación superior a los 18.000 millones de euros, según consta en el proyecto presupuestario remitido por el Gobierno en funciones a Bruselas.

Para el año que viene, sin embargo, la previsión es que el déficit de la Seguridad Social disminuya en algo más de 3.000 millones, hasta el 1,4%, lo que junto a la bajada del déficit en el Estado (2,1%) y las administraciones territoriales (0,1%) situaría el déficit de España en el 3,6%, a falta del ajuste de 5.000 millones a realizar por el próximo Gobierno para alcanzar el umbral del 3,1% comprometido.

Esta bajada de la Seguridad Social para 2017 se debe, entre otras razones, a el Ejecutivo en funciones espera que los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales crezcan el 2,5% por la recuperación del mercado de trabajo. Esta circunstancia permitirá también que disminuya la partida destinada al pago de las prestaciones por desempleo, que pasará de 18.800 millones de euros en 2016 a 16.600 millones en 2017.

El plan presupuestario para 2017 enviado a Bruselas recoge las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento del objetivo de déficit de este año (4,6%) y registrar un déficit del 3,6% en 2017, con lo que queda pendiente un ajuste de 5.000 millones a acometer por el próximo Gobierno para cumplir el objetivo (3,1%) comprometido. Dicho plan supone una prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016.

Además, el informe remitido a Bruselas indica que las pensiones subirán en 2017 por cuarto año consecutivo el mínimo establecido por ley, que es del 0,25%. De acuerdo con el informe, el gasto total en pensiones crecerá el año que viene un 3%, teniendo en cuenta que el número de beneficiarios de pensiones contributivas de la Seguridad Social aumentaba un 1,2% en septiembre en relación con un año antes.

Desde que la reforma de 2013 desligó la subida de las pensiones de la evolución del IPC, estas prestaciones solo se han revalorizado durante los siguientes años el mínimo establecido por la ley, lo que se ha justificado en la situación de déficit del sistema de la Seguridad Social, a pesar de que la economía ha vuelto a crecer desde 2014.

Respecto a la remuneración de los empleados públicos, el documento dice que el gasto total disminuirá del 11% del PIB en 2016 al 10,6% en 2017, lo que puede deberse a que el impacto en las cuentas de este año de la devolución de parte de la paga extra de 2012 ya no se notará en 2017. Nada dice el documento de si en esa cifra se ha tenido en cuenta una eventual subida de los salarios del sector público.

El Gobierno en funciones también se ha comprometido con Bruselas a prorrogar el Impuesto de Patrimonio, medida con un impacto de 1.300 millones de euros a partir de 2017, y a la posibilidad de aplicar coeficientes incrementados del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para contribuir al cumplimiento del objetivo de déficit del 3,1% comprometido para 2017.

En concreto, propone para cumplir el objetivo de déficit la no-bonificación automática del impuesto sobre el patrimonio, con impacto a partir de 2017 en términos de contabilidad nacional por un importe de 1.300 millones de euros. Esta medida se debe a que la recaudación por esta figura se habilita año a año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que cancela la bonificación del 100% introducida en 2011, al no haber presupuestos esta cancelación desaparecería, si bien se han puesto los mecanismos legales para que no sea así.

Además, plantea la posibilidad de aplicar coeficientes incrementados del impuesto sobre bienes inmuebles, se regulan a su vez año a año y por periodos de un año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Las variaciones en el IBI son competencia del ayuntamiento, si bien el Ejecutivo esboza esta medida para recaudar más. Al no existir presupuesto estos dejarían de aplicarse, si bien los mecanismos instrumentados permiten su aplicación y un incremento de la recaudación en 24 millones de euros.

Junto a estas dos medidas, el Gobierno informa a la Comisión del adelanto del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades aprobado el pasado 30 de septiembre para recaudar 8.300 millones de euros, con el que se establece un pago fraccionado mínimo del 23% para las empresas de más de 10 millones de euros de cifra de negocio, porcentaje que se eleva al 25% para las entidades de crédito.

También se rebajará el gasto asociado a los intereses de la deuda pública de 30.900 a 30.700 millones, gracias a la reducción del endeudamiento y a los bajos tipos de interés. El gasto en inversiones se mantendrá estable este año y el que viene en el 2,1% del PIB.

Con todo ello, los ingresos del conjunto de las administraciones públicas disminuirán en una décima de PIB, algo más de 1.000 millones, al pasar del 37,8% al 37,7% del PIB, mientras que los gastos se reducirán del 42,4% al 41,3% del PIB.

La diferencia entre ingresos y gastos es lo que da un déficit del 3,6% del PIB en 2017, en línea con los cálculos que el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, había adelantado esta semana y medio punto por encima del objetivo comprometido con Europa en el 31% del PIB, lo que obligará a hacer un ajuste presupuestario de más de 5.000 millones el año que viene.

El objetivo de déficit público de 2016, fijado en el 4,6% del PIB, se cumplirá gracias a los ahorros e ingresos adicionales que generarán las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo en funciones este año.

Para las administraciones territoriales se espera un déficit del 0,3% del PIB en 2016, de lo que se puede deducir que si las comunidades autónomas cumplen con el 0,7% previsto, las entidades locales tendrán un superávit del 0,4%.

La administración central y la Seguridad Social acabarán este ejercicio con los mayores desequilibrios presupuestarios, del 2,6 y el 1,7% del PIB, respectivamente. Para 2017, en ausencia de ajustes fiscales, la administración central incurrirá en un déficit del 2,1%, que para la Seguridad será del 1,4% y para las administraciones territoriales (autonomías y entidades locales), del 0,1%.

De esta forma, será el nuevo Gobierno quien tendrá que adoptar medidas adicionales por importe de unos 5.000 millones de euros (medio punto del PIB) para dejar el déficit de 2017 en el 3,1% acordado con la Comisión.

En concreto, el calendario que maneja el Gobierno es que Mariano Rajoy pueda ser investido presidente del Gobierno a finales de este mes, siempre que se confirme la abstención del PSOE, lo que le permitiría poder aprobar en noviembre el techo de gasto, donde sí se incluirían ya las medidas para cumplir con el déficit, y contar con un nuevo Presupuesto a finales de este año.

Además, el Ejecutivo prevé dar luz verde en noviembre a un decreto ley con medidas de "naturaleza presupuestaria", como la actualización de las pensiones y de los salarios públicos, para que estén en vigor el 1 de enero, siempre y cuando Rajoy resulte investido en octubre.

En cualquier caso, la prórroga automática de los presupuestos de 2016 será inevitable, ya que aunque se pueda presentar el proyecto de ley con las nuevas cuentas para 2017, no habrá margen de tiempo como para que esté aprobado antes del 1 de enero.