El proyecto de Ley de Conservación de Datos en comunicaciones electrónicas ha recibido hoy el visto bueno definitivo del Congreso. La norma obliga a las operadoras a entregar a la Policía datos sobre los titulares de tarjetas prepago de móviles, para los que tendrán que crear un registro en el que se les identifique.
Las compañías tendrán que conservar esos datos durante doce meses desde el momento en que se produzca la comunicación, y sólo se conservarán los necesarios para identificar su origen y destino, la hora, fecha y duración, el tipo de servicio y el equipo de comunicación utilizado por los usuarios.
Asimismo, se exige a los operadores que abran un libro de registro con las identidades de los compradores de las tarjetas prepago.
El diputado del PP, Jose Ignacio Echaniz, lamentó que las medidas aprobadas no se hayan extendido a algunos ámbitos de Internet, como la mensajería instantánea, que según afirma son los mas susceptibles de ser utilizados por pederastas o por redes de pornografía infantil.
El diputado de CiU Jordi Jané consideró positivas las posibilidades que ofrece la ley para la investigación policial en determinados delitos, pero expresó su preocupación por el riesgo de que la entrega de datos previa a la autorización judicial pueda atentar contra la intimidad de los usuarios. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha señalado que obligar a las compañías telefónicas a guardar los datos de las llamadas de teléfono y facilitar la información de las tarjetas prepago, permitirá que éstas "dejen de ser un refugio electrónico para aquellos que delinquen".
Por su parte, Margarita Uría, del PNV, señaló que la norma como transposición de una directiva europea, ha logrado conciliar el "binomio" entre seguridad y libertad, aunque consideró que se debería haber delimitado mejor la frontera de lo que requiere intervención judicial y la libertad de la Policía Judicial.


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