La exdirectora general de Bienestar Social, María Luisa Gracia, ha defendido este lunes como "buena" la decisión de realizar un proceso de adjudicación de plazas de residencias de accesibilidad para las personas dependientes porque "se garantizaba muchas plazas en poco tiempo" bajo unas "líneas de calidad" en el proceso y adjudicación ya que ha indicado que había un déficit en la Comunitat. En ese momento la decisión fue buena, aunque parece que el resultado no ha sido el adecuado", ha señalado.

Así lo ha indicado Gracia durante una comparecencia en la comisión de investigación de las Corts que investiga el proceso de adjudicación de plazas de residencias de accesibilidad para las personas dependientes, en concreto, en los centros del grupo Savia, formado por una decena de empresas entre las que figura Lubasa o Sedesa -propiedad de la familia Cotino-.

En su intervención, Gracia ha indicado que en la Comunitat valenciana había una necesidad de plazas de residencia porque muchas no estaban en funcionamiento o bien por falta de inversión o de personal, por lo que ha recalcado que "urgía" revertir esta situación.

De hecho, ha indicado que en la residencia de Carlet había unas 400-600 plazas cerradas que no se podían ocupar por falta de recursos. "Había un problema acuciante. Faltaban plazas residenciales y los ratios que había a nivel estatal y europeo eran mayores que plazas en la Comunitat", ha remarcado.

Por ello, ha explicado que era necesario crear nuevas plazas y "no había suficiente con la inversión que había", por lo que ha defendido que la fórmula de sacar plazas por concurso a la iniciativa privada y con garantías era "muy buena opción", aunque ha admitido que "el resultado no ha sido el adecuado".

Por otro lado, y preguntada por el diputado de Podemos, César Jiménez, sobre si tenía constancia de reuniones previas a la adjudicación de las plazas, ha negado este extremo y ha remarcado que "no recuerda" participar en ninguna reunión anterior al concurso porque el proceso se realizó desde el gabinete del conseller, Rafael Blasco, y no desde la dirección general. "No recibí instrucción ni hubo trato de favor hacia nadie", ha subrayado.

Así, ha explicado que todo el proceso se llevó a cabo desde Conselleria y la Dirección General únicamente facilitaba información para la elaboración del pliego al jefe gabinete técnico del conseller , José Juan Bas, que era con la que tenía relación y mantenía una interlocución.

"Si ven las estructuras de Bienestar Social antes de Blasco y después de él, ven que las cosas cambian porque él trabaja de otra manera que no es ni mejor ni peor", ha insistido Gracia. Por tanto, ha remarcado que Blasco "asumió como un proyecto estrella suyo y por eso lo hizo desde su departamento", ha indicado.

PALIAR DEFICIENCIAS

De igual, otra exdirectora general de Bienestar Social, Esther Franco, ha indicado que cuando fue nombrada para el cargo comprobó que había "un déficit de plazas", por lo que ha defendido que su departamento trabajó para "paliar estas deficiencias" con programas como el bono residencia, ayudas a personas que cuidan a mayores en casa o mediante la creación de estancias temporales o los centros de días".

Ha negado que ella trabajara en la elaboración del pliego de condiciones ni en su puesta en marcha, aunque ha admitido que lo conocía.

"Yo me dedicaba a diseñar y organizar programas de atención a mayores y no trabajé en los pliegos, ni los estudie porque no era mi competencia", ha explicado para indicar que había un departamento de la Conselleria en donde los funcionarios hacían "los estudios y valoraciones" sobre las condiciones.

Por tanto, Franco ha subrayado que no tuvo reuniones ni con sindicatos ni con empresas adjudicatarias ni tampoco recibió instrucciones sobre ningún tema y ha detallado que su relación con Rafael Blasco empezó de forma más directa cuando entró en Conselleria porque antes únicamente "lo conocía de sus actividades políticas y de nada más".

A su juicio, Blasco inició la puesta en marcha de un concurso para adjudicación de las plazas para "dar cobertura asistencial a las personas" y ha defendido que los funcionarios que realizaron el pliego "siempre actuaron conforme a la ley y si hicieron cualquier cambio lo harían conforme a la ley".

En cuanto al incumplimiento de los plazos en la construcción de residencias, ha insistido en que ella no era responsable de esas cuestiones pero ha afirmado que ha "oído" que "había lugares donde se tenían que construir las residencias que no cumplían o no contaban con el beneplácito de los ayuntamientos y los trámites que se paralizaban" y cree que estas cuestiones podrían explicar los retrasos.

"Estoy orgullosa de la labor que hice porque lo hice lo mejor que pude. Siempre he sido honesta en mi trabajo", ha zanjado Franco.