Así, la representación de Triguero señala una serie de argumentos en contra de lo que considera el juez que ha instruido la causa, que dictó un auto acordando continuar con el caso, al ver indicios de delito, y de lo manifestado por la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, en el que solicita tres años de prisión para éste y otras cinco personas, entre ellas el director del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Felipe Romera.

Según consta en el recurso de apelación presentado por la defensa de este acusado contra dicho auto, al que tuvo acceso Europa Press, entre las conclusiones expresadas en un extenso documento se indica que la persona encargada de solicitar esa subvención excepcional para el edificio "en ningún momento ocultó información a la Administración concedente de la misma, que entre otras cosas era patrono de la fundación".

Asimismo, se añade que "tampoco se ocultó a la Intervención General información alguna", apuntando que "estábamos ante una subvención excepcional que, tras concederse, fue revocada sin que la fundación solicitante llegase a recibir cantidad alguna de la misma". Además, esta parte considera que las conductas concretas que se achacan a Triguero "tampoco pueden en sí mismas considerarse ilícitas".

También se precisa que las ayudas públicas concedidas, "si se hubiesen recibido, no hubiesen superado el coste de la actuación subvencionada", otro de los motivos esgrimidos por parte de la acusación fiscal. Esta defensa entiende que esta cuestión en todo caso "habría de ser objeto de verificación con la justificación final, esto es, concluida la actuación" a la que iba destinada la ayuda económica.

El ministerio público achaca a los acusados un delito contra la hacienda pública de fraude de subvenciones y, además de la pena de prisión, solicita para cada uno el pago de una multa de 2,5 millones de euros y como responsabilidad civil que indemnicen a la Junta de Andalucía con esa cantidad. Los otros acusados son el exrector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y tres personas vinculadas a la fundación o a la tramitación de las subvenciones.

La fundación se constituyó en 2007 con carácter privado sin ánimo de lucro y, con la finalidad específica de construir en unos terrenos del PTA dicho centro, recibió varias ayudas públicas tanto del Ministerio como de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. La adjudicación de la construcción del edificio se produjo en diciembre de 2008.

El fiscal dice que debido a la "grave situación" económica que tenía la fundación por unos expedientes de reintegro, unido a la paralización de las obras por la constructora, en una reunión del patronato, en septiembre de 2011, constituida por el presidente Felipe Romera, el vicepresidente, Francisco Triguero, ambos patronos designados por la Consejería; y el vocal, acordaron solicitar a la Junta una subvención excepcional de 11,5 millones de euros.

Dice la Fiscalía que esa solicitud tenía que ser tramitada por la Secretaría General de Universidades "de la que Francisco Triguero era secretario general". Se remitió un correo con modificaciones en la petición, por ejemplo retirando la mención a otras subvenciones ya obtenidas, "única manera de que la Intervención informara favorablemente a dicha subvención excepcional".

El informe de la Consejería de Economía fue de disconformidad y en diciembre de 2011, la fundación decidió renunciar a la subvención reglada, "de la que ya había percibido 2,5 millones de euros". Se acordó, según el ministerio público, la devolución de la cantidad cobrada, solicitando en esa misma fecha una subvención excepcional, esta vez de 15,5 millones de euros, "volviendo a omitir" datos de otras ayudas. Según el fiscal, "esta omisión fue fundamental para la resolución dictada por la Intervención", que en enero de 2012 emitió informe de conformidad.