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La investigación pendiente de juicio del ‘caso Blasco’ cifra en tres millones el dinero desviado

Arranca el juicio contra el exconseller valenciano Rafael Blasco
El empresario Augusto César Tauroni, el exsubsecretario de la Conselleria de Solidaridad, Alexandre Català, y Rafael Blasco, en el banquillo de los acusados del TSJ al inicio del juicio del caso Cooperación. (JUAN CARLOS CÁRDENAS / EFE)
  • Parte del dinero supuestamente desviado de proyectos para cooperación se encontraba en Estados Unidos y fue destinado a comprar apartamentos en Miami.
  • Rafael Blasco, empresarios y la antigua cúpula de la Conselleria cumplen condena en prisión por la primera pieza.
  • En la pieza separada segunda hay 24 investigados y otros 12 en la tercera.
  • No se descartan nuevas imputaciones fruto de las últimas diligencias.
  • La causa acumula 155 tomos con miles de folios, 35.000 correos electrónicos intervenidos y tres discos duros con 5 terabytes de datos.
  • La instrucción podría estar acabada en enero e ir a juicio en marzo.

El exconseller de Solidaridad Rafael Blasco y los integrantes de la trama corrupta que desvió fondos destinados a ayudas al Tercer Mundo cumplen actualmente condena en prisión por la primera pieza del llamado caso Cooperación, también conocido como caso Blasco. Aquella sentencia, no obstante, se refiere a la primera de las tres piezas en las que se dividió la investigación. Las otras dos siguen en instrucción y los investigadores ya han calculado el importe del dinero desviado: más de 3 millones de euros.

Según han confirmado a 20minutos fuentes próximas al caso, esta cifra corresponde a la responsabilidad civil de la pieza segunda, la que investiga posibles irregularidades cometidas en 21 expedientes de subvenciones de los años 2009, 2010 y 2011. En la tercera apenas existe, dado que las irregularidades se refieren a la convocatoria para construir un hospital en Haití que finalmente no llegó a hacerse. Este importe, no obstante, está pendiente de acabar de concretarse con un informe encargado por el juzgado de Instrucción número 21 a la Intervención de la Generalitat.

Seguir el rastro del dinero no ha sido fácil, dado que aproximadamente un tercio del total (alrededor de un millón de euros) se encontraba en cuentas bancarias abiertas en entidades financieras de Estados Unidos, por lo que la Inspección de Hacienda tuvo que pedir esta información a través de comisiones rogatorias. Según la investigación, con ese dinero, supuestamente malversado y que debía haber llegado a los más pobres de países en desarrollo, se acabaron comprando apartamentos en Miami.

Imputados

En la pieza segunda hay actualmente 24 investigados (lo que se conocía como imputados antes de la última reforma legal). Desde que el caso volvió del TSJCV, ha habido tres nuevos imputados (el tesorero de una ONG y dos evaluadores de proyectos) y se ha archivado respecto a dos personas (un trabajador de confianza de Tauroni y un familiar de este último que facturó a una ONG). En la pieza tercera, por su parte, hay 12 investigados.

Entre los imputados figuran la cúpula de la extinta Conselleria de Solidaridad, como el propio Rafael Blasco, el exjefe de área Marc Llinares, la exsecretaria general Tina Sanjuán, el empresario César Augusto Tauroni y responsables de las ONG. Respecto a estos últimos, la casuística es variada. A algunos se les ha levantado la imputación por su falta de implicación y conocimiento en las prácticas de la trama, mientras a otros se les mantiene al considerar que eran colaboradores activos en la presunta red fraudulenta.

Plazos y posible unión de piezas

En cuanto a los tiempos, la instrucción de la pieza tercera está prácticamente finalizada, solo a falta del informe de la Intervención, que será común a la segunda. En esta última queda pendiente la declaración de una investigada, el estudio y análisis de tres de los 21 expedientes sobre proyectos subvencionados a una de las siete ONG investigadas, lo que provocará nuevas declaraciones de testigos y tal vez nuevos imputados.

De este modo, se calcula que entre diciembre y enero puede finalizar la práctica de diligencias, lo que permitiría a la magistrada Nieves Molina, que dirige el juzgado, comenzar a redactar el auto de procesamiento, lo que llevaría unos dos meses. Así, en marzo el caso podría estar listo para ir a juicio.

Lo que todavía no está claro es si ambas piezas se juzgarán conjuntamente o por separado. Fuentes jurídicas consultadas sostienen que no tiene mucho sentido hacerlo por separado por la coincidencia de los investigados y testigos, y por el derroche de medios y de tiempo que supondría esta duplicidad, por lo que no es descartable que las piezas acaben uniéndose.

La mayoría de las defensas quiere llegar a un acuerdo de conformidad que evite el juicio, pero la discrepancia está en las responsabilidades civiles. Además, en caso de producirse, el acuerdo debe ser unánime (de todas las partes) y debe plasmarse tras el auto de procesamiento, en el escrito de acusación, o antes de la vista oral. La instrucción, en todo caso, no se podría acortar y solo lo haría en el caso de que todas las acusaciones pidieran que no se practicaran más pruebas, algo improbable.

El procedimiento, que se inició como único en mayo de 2011, saltó al Tribunal Superior de Justicia cuando Blasco fue imputado, por su condición de diputado autonómico y, por tanto, aforado. El TSJCV lo dividió en tres piezas separadas y, tras enjuiciarse la primera, las dos restantes volvieron en septiembre de 2014 al juzgado como consecuencia de la dimisión del exconseller como parlamentario.

Un alud de información analizada

El trabajo ha sido, desde entonces, ingente para Instrucción 21. Solo la pieza segunda está formada por 88 tomos, con más de 25.800 folios, y la tercera por 67 tomos con más de 22.100 folios. El análisis de la documentación intervenida en los registros dio origen a 24 piezas separadas y se bloquearon más de 35.000 correos electrónicos.

Antes de remitir la causa al TSJCV, el juzgado practicó numerosas diligencias, como 46 declaraciones entre imputados y testigos, el decomiso de bienes y extractos de cuentas en Estados Unidos y averiguaciones en empresas de aquel país. Tras la vuelta del caso, la actividad ha sido igual de frenética: en la pieza tercera han declarado 42 testigos, mientras en la segunda han acudido al juzgado 39 testigos y cinco investigados.

Además, se han dictado 45 resoluciones judiciales de relevancia, se han incorporado 342 informes y evaluaciones de proyectos e información aportada por la Conselleria de Transparencia, tanto expedientes de contratación de los servicios de evaluación y de la prestación de servicios como documentación contable. También se ha unido a la causa extractos bancarios, facturas y documentación mercantil.

Uno de los asuntos más difíciles para el juzgado ha sido el volcado de todos los dispositivos electrónicos intervenidos en los registros, en concreto 75, que han ocupado tres discos duros externos con una capacidad total de 5 terabytes. El análisis de estos datos ha conllevado muchas horas, pero ha aportado datos fundamentales a los investigadores.

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