En un comunicado, el Consejo de Dirección de la Universidad manifiesta su "absoluto rechazo" a las afirmaciones vertidas contra la universidad ya que "la persona supuestamente despedida tiene en la actualidad un contrato de profesora ayudante doctora, de carácter temporal, que se encuentra actualmente en vigor.

Según la Universidad, esta persona se encontraba en segunda posición en la lista pública de prelación de plazas, aprobada por esta universidad, en 2015. Ante esta circunstancia, y de conformidad a las normas de la UHU, se le ofreció a comienzos del año pasado la convocatoria de la plaza de profesor contratado doctor -de carácter indefinido-, mediante un concurso público que respetase los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. En este momento rechazó la interesada de manera expresa y escrita que se procediese a la convocaría de la plaza.

A inicios de septiembre de 2016, ella solicitó que se procediese a la convocatoria de una plaza de profesor contratado doctor para que se cubra interinamente. Esta plaza y el tribunal que ha de juzgarla han sido aprobados por su departamento, así como por el Consejo de Gobierno del pasado martes día 27, habiéndose remitido ambos al BOJA.

Se trata, según han señalado desde la UHU, del mismo procedimiento utilizado para la contratación de otros profesores ayudantes con acreditación a profesor contratado doctor, siendo dicho procedimiento el aprobado por el Consejo de Gobierno en una sesión previa.

La Universidad de Huelva "en ningún caso puede permitir que se acceda a plazas de carácter indefinido sin el oportuno proceso de selección, que ha de ser público; pues lo contrario supondría un atentado contra principios y derechos constitucionales de todos los ciudadanos y una discriminación respecto del resto de la plantilla estable".

Desde la Universidad también aseguran que se está cumpliendo "escrupulosamente" con los términos del convenio colectivo de personal docente e investigador y como ente público "no puede ir en contra la legalidad vigente", lo que supondría "incurrir en vicios legales que comprometerían a la Universidad de Huelva en el futuro".