El Grupo Popular había remitido una queja al Procurador por lo que considera que es una "ocultación de información" por parte del equipo de Gobierno después de solicitar en una Comisión de Seguimiento de la Operación Ferroviaria la copia de los documentos del acuerdo de novación del crédito de 404 millones de euros que mantiene la Sociedad y de los informes jurídicos relativos a este contrato.

Este jueves, el presidente del Grupo Municipal Popular, José Antonio Martínez Bermejo, ha explicado a los medios de comunicación que han recibido hoy mismo la notificación de esta resolución que el Procurador dirige al alcalde de la ciudad.

En el documento, el Procurador explica que el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda y presidente de la citada Comisión, Manuel Saravia, respondió a su solicitud de información y explicó que no se había hecho entrega de las copias, aunque se había dado a los grupos de la oposición acceso a los documentos que tenía la Concejalía.

El Procurador apunta que "la forma más normal" de ejercicio de este derecho de información consiste en la consiste en la consulta o examen directo del documento, "sin que el derecho a obtener copias se establezca en términos de generalidad", aunque apunta que puede también concederse o autorizarse.

No obstante, señala que un Real Decreto de 1986 sobre el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales establece el derecho de acceso libre a copias de documentos en varios casos, como los que soliciten miembros de la Corporación con delegaciones de responsabilidades de gestión o que sea documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que formen parte, o resoluciones de cualquier órgano municipal.

Por ello, el Procurador que si se solicita la documentación al amparo de esos dos puntos del Real Decreto, recae sobre el Ayuntamiento la carga de justificar y motivar su denegación.

Asimismo, apunta que el cauce utilizado por el PP para solicitar la información, el turno de ruegos y preguntas de una sesión, "no es el normal", pero recuerda que dos concejales solicitaron además por escrito las copias y no han obtenido respuesta formal ni las han recibido.

Debido a que Manuel Saravia, según relata la resolución del Procurador se consideró "no competente" para decidir sobre la expedición de las copias, el Procurador del Común entiende que debió remitir directamente la solicitud alcalde.

Por todo ello, la resolución concluye que la Alcaldía de Valladolid o el concejal delegado de las competencias deberán resolver la solicitud de entrega de copia de los documentos solicitados en abril de 2016.

SEGUNDA RESOLUCIÓN SIMILAR DEL PROCURADOR

El presidente del Grupo Municipal Popular, Antonio Martínez Bermejo, ha recordado que es la segunda resolución similar del Procurador del Común ante una petición de información al Ayuntamiento de Valladolid, tras la conocida hace unas semanas relativa al inventario de teléfonos móviles de uso municipal.

Martínez Bermejo ha incidido en que el documento "reconoce la necesidad de que el Ayuntamiento facilite la documentación", al tiempo que ha reprochado al equipo de Gobierno que "dé puñaladas de pícaro" y "ponga trabas" a la labor de la oposición. Según el edil del PP, la negativa a aportar copia de la citada información "dice muy poco a favor" de la transparencia del equipo del socialista Óscar Puente.