"Un objetivo que no sólo está en el ánimo de la voluntad política de la Junta de Extremadura sino del de todas las administraciones, organizaciones y entidades implicadas", según ha manifestado la Junta en nota de prensa.

Asimismo, "una de las principales novedades que contempla el convenio" es la expedición de un certificado por parte del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR), que acreditará que la deuda de IBI del propietario de una vivienda está en proceso de pago.

De este modo, dicho certificado "permitirá que el deudor hipotecario pueda renegociar su hipoteca con la entidad financiera".

Así, "se da un paso más en el objetivo de ayudar a las familias en riesgo de desahucio, una de las tareas que ha asumido la Junta de Extremadura en política de vivienda durante esta legislatura", ha señalado.

Esta medida se une a las ya tomadas en materia de vivienda, como la gestión del parque público de vivienda social, el protocolo de desahucios firmado con las plataformas, el observatorio de la vivienda, el servicio de intermediación bancaria, la mesas de trabajo con las entidades financieras, la Ley de Emergencia Social de Vivienda y la política de incentivos para recuperar al sector de la construcción.