Las pesquisas en el denominado caso 'Edu' se han centrado en las convocatorias del 15 de diciembre de 2010, en la que se investigaron 17 empresas; y del 4 de noviembre del mismo año, por la que se investigaron diez sociedades. El juzgado abrió 27 piezas -al margen de la principal-, una por cada firma; aunque luego se quedaron en 26 al acumularse dos de ellas por haber una relación entre las sociedades.

Las actuaciones se iniciaron a raíz de la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que en sus primeros informes apuntaban a una supuesta falta de justificación de los cursos, que a veces no se llegaron a dar y al incumplimiento del compromiso de contratación, así como a la falta de control posterior por parte de la administración regional.

Fuentes cercanas al caso han asegurado que los dos investigados que han declarado este viernes, uno técnico de seguimiento y otro del departamento de gestión de formación, han mostrado su disconformidad con las conclusiones de los investigadores y han incidido en el elevado número de cursos que tenían que inspeccionar. De hecho, uno de ellos ha presentado documentación para acreditar dicho volumen.

Asimismo, las fuentes han apuntado a Europa Press que los investigados sí han señalado en sus declaraciones que había una aplicación informática por la que se controlaban los cursos de formación para desempleados. Además, han asegurado que existían muchos departamentos distintos y que cada uno tenía sus competencias definidas.

El juzgado instructor ha archivado ya cuatro de las piezas relativas a empresas investigadas en esta causa, lo que se produce después de que la Fiscalía de Málaga, tras analizar uno por uno cada caso, y una vez de que declaró la mayoría de los responsables de las empresas investigados, instara el sobreseimiento provisional de 18 piezas relativas a otras tantas sociedades.

En esos casos, el ministerio público consideró que no había delito de fraude de subvenciones, ya que el dinero recibido no superaba en ningún caso los 120.000 euros que requiere la ley. En otras ocho piezas y en la principal, donde se investiga la actuación de políticos y funcionarios, el fiscal no solicitó el sobreseimiento provisional.