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Fiscal pide prisión e inhabilitación por tres años para los ganaderos que maltrataron con crueldad a unos cerdos

Granja de cerdos El Escobar en Fuente Álamo
Granja de cerdos El Escobar en Fuente Álamo (IGUALDAD ANIMAL)
  • El Ministerio Fiscal ha pedido un año de prisión y la inhabilitación especial en su profesión por un periodo de tres años a los cuatro ganaderos que durante un año maltrataron de una forma "cruel" a los cerdos de una granja de El Escobar, de la pedanía de Fuente Álamo (Murcia).

El juicio se celebrará este martes, a las 10.00 horas, en el Juzgado de lo Penal 3 de Cartagena. Estos ex empleados de la granja, entre los que se encuentra el que fuera encargado general de las instalaciones, se sentarán en el banquillo acusados de un delito continuado de maltrato animal.

Los hechos saltaron a la luz en febrero de 2012, cuando la organización internacional Igualdad Animal difundió un vídeo en el que se veía a trabajadores de la granja matando a cerdas, algunas de ellas conscientes, de una forma "cruel".

Las imágenes, tomadas por uno de los trabajadores, mostraban a personal de la granja golpeando brutalmente en la cabeza a las cerdas con barras de hierro y atacando con espadas a los animales, mientras se reían del sufrimiento ante la cámara, así como otro tipo de actuaciones.

En una entrevista concedida a Igualdad Animal, informa dicha organización, el trabajador que grabó las imágenes indicó que éstas "eran prácticas habituales de la granja".

Sin embargo, 48 horas después de que Igualdad Animal denunciara los hechos, agentes de la Guardia Civil detuvieron a estos trabajadores. Igualdad Animal ha iniciado una campaña online de petición de firmas solicitando que los maltratadores ingresen en prisión.

Según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a septiembre de 2010, cuando los procesados, sin consentimiento ni conocimiento de sus superiores, "con gran crueldad y ánimo de causar sufrimiento en, al menos, cinco ocasiones sacrificaron diversos ejemplares de cerdas de cría".

Uno de ellos se encargaba de grabar en vídeo estas prácticas, incumpliendo, según el fiscal, las exigencias de un protocolo sobre la eutanasia para los cerdos que exigía el sacrificio por un veterinario o persona formada en la materia mediante una pistola de cautivo que se utiliza para sacrificar el ganado, autorizada oficialmente.

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