En un comunicado, UPN ha censurado "el oscurantismo o la arbitrariedad y falta de rigor con la que trabaja el área, que primero se negó a contestar en Comisión, después requirió a los concejales a consultar el expediente en la propia área y, una vez allí, aseguró que no existe ni un solo documento sobre la labor con estas personas".

UPN ha señalado que "le cuesta creer que después de que las personas que estuvieron instaladas en el asentamiento de Santa María La Real hayan sido realojadas en un piso propiedad del Gobierno de Navarra por un plazo de varios años, no conste en ningún documento las condiciones de esa cesión, el tiempo que pueden permanecer en él o ningún informe sobre las acciones de carácter social que se ha llevado a cabo con ellos".

Por eso, los regionalistas se preguntan "si la concejal no tiene intención de mostrar este expediente o si realmente se ha llevado a cabo la intervención social y el realojo sin que quede constancia en ningún papel".

En este sentido, han presentado una declaración que se debatirá el próximo lunes en la Comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento, solicitando que "la concejala de Acción Social facilite cuantos documentos existan en su área y que recojan la intervención social con las personas que ocuparon el solar de Santa María la Real desde que se tuvo conocimiento de dicho asentamiento".

Entre la información requerida incluyen la documentación de "visitas de educadores de calle, informes técnicos emitidos, propuestas de actuación, traslado a un piso propiedad del gobierno foral o su colaboración en la actuación, acuerdo de cesión de dicha vivienda del gobierno al ayuntamiento, condiciones del realojo y otras actuaciones y/o recursos puestos a disposición de las citadas personas".

Los concejales de UPN se han visto obligados a impulsar esta medida después de preguntar sin obtener respuesta, tanto en las Comisiones de Asuntos Ciudadanos, como en las de Urbanismo, "dónde y en qué condiciones se habían realojado a estas personas".

UPN ha indicado que, según el reglamento orgánico, "todos los concejales tienen derecho a tener del Gobierno y de la Administración municipal, los antecedentes, datos e informaciones que obren en poder de los servicios municipales y sean necesarios para el desarrollo de sus funciones cualquiera que sea el estado de su tramitación" y "tienen derecho a obtener copias de documentos concretos incluidos en los expedientes".

"Sin embargo, en esta legislatura estamos acostumbrados a que los concejales de Asiron se nieguen a facilitar ningún tipo de información al resto de miembros de la Corporación para preservar la opacidad de su gestión e impedir la labor de la oposición", han criticado los regionalistas.