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El coste de los servicios de Atención a la Dependencia superó los 498 millones de euros en 2015 en CyL

Tercera edad, anciano
Tercera edad, anciano (AMICS DE LA GENT GRAN)
  • VALLADOLID/MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El gasto público medio por beneficiario de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia ascendió en 2015 a 8.500 euros anuales, de los que 7.000 los aportaron las comunidades autónomas y 1.500 la Administración General del Estado, según un informe del Observatorio Estatal de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.

En concreto y según este informe recogido por Europa Press, el coste de los servicios de Atención a la Dependencia superó los 498 millones de euros en 2015 en Castilla y León, que aportó el 80,9 por ciento del gasto certificado (403 millones), frente a la media nacional del 81,9 por ciento. Se trata del sexto menor porcentaje del país.

Por su parte, los 95,08 millones restantes son ingresos procedentes de la Administración General del Estado, el 19,1 por ciento (18,1 por ciento a nivel nacional).

Esta organización basa estos datos en los certificados de gasto en Autonomía personal y Dependencia del ejercicio 2015 que las comunidades autónomas han remitido al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, mediante los cuales, según indica, "se puede verificar el gasto público autonómico en atención a la dependencia junto a los ingresos que reciben del Estado para tal fin".

Con estos documentos, la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales señala que los datos oficiales obtenidos, "confirman" lo que venía denunciando la organización estos años en base a sus propias estimaciones.

Si bien recuerda que la Ley de Dependencia establece que el sistema debe ser financiado en su gasto público a partes iguales (50 por ciento) por la Administración General del Estado y las autonomías, sin embargo, "la realidad es que el Estado aportó en 2015 sólo el 18,1 por ciento del gasto público frente al 81,9 por ciento de las comunidades autónomas".

A juicio de los responsables de esta entidad, el recorte acumulado del Gobierno en dependencia desde 2012 asciende a "más de 2.865 millones de euros y recuerdan que así lo reconoce en el Plan de Estabilidad y en los Planes de reformas remitidos a Bruselas.

"El quebranto para las comunidades autónomas en la financiación de esta importante política social las coloca en una encrucijada de muy difícil salida, cuando son ellas las que deben responder ante las personas dependientes", alertan.

Asimismo, sostienen que las certificaciones anuales remitidas al Observatorio de la Dependencia -a excepción de País Vasco y Navarra- arrojan un gasto público total certificado de 6.256 millones de euros. De toda esa cantidad, indican la aportación finalista del Ministerio de Sanidad para esos territorios fue de 1.130 millones.

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