Por ejemplo, el Fiscal Superior de la Región ha ensalzado el "esfuerzo" realizado en la última década, que se ha traducido en 4.537 diligencias de investigación penal incoadas entre 2006 y 2016, con 586 denuncias y 245 querellas. Estos datos contrastan con las 1.532 diligencias informativas penales incoadas en la década comprendida entre 1995 y 2005, con tres querellas presentadas por delitos de objeción de conciencia y una denuncia.

López Bernal ha explicado que la Fiscalía de Murcia realizó un total de 4.177 calificaciones en 2015 y, de ellas, 3.968 lo fueron en procedimientos abreviados competencia de los juzgados de lo Penal; y 143 en procedimientos abreviados competencia de la Audiencia Provincial, 63 de ellos en sumario.

En cuanto a las medidas cautelares, la Fiscalía pidió en 524 ocasiones medidas de prisión sin fianza, que solo fueron denegadas por las autoridades judiciales en 24 ocasiones.

BALANCE DE DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN

En este sentido, el Fiscal Superior de la Región ha hecho un balance de las diligencias de investigación, que se abren por parte de la Fiscalía y que terminan con la presentación de denuncias y querellas o bien en el archivo de las causas.

López Bernal ha recordado que en 2015 se incoaron 357 diligencias de calificación penal y, de ellas, el mayor número fueron incoadas como consecuencia de denuncias de la propia administración, con 236, y le sigue en número las diligencias de investigación incoadas por denuncias de particulares.

En total, de las 357 diligencias de calificación penal, 144 fueron remitidas al juzgado mediante una denuncia o querella y 214 de ellas fueron archivadas en la Fiscalía.

A este respecto, López Bernal ha explicado que desde hace varios años, la inmensa mayoría de diligencias previas que se tramitan en los distintos órganos judiciales por delitos contra la ordenación del territorio, el patrimonio histórico y medio ambiente, así como los delitos contra la administración pública y los delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, tienen su origen en denuncias o querellas de la Fiscalía, lo que revela la "confianza" que los ciudadanos de la Región tienen en su trabajo.

DESGLOSE POR SECCIONES

En concreto, la sección de Medio Ambiente y urbanismo de la Fiscalía incoó en 2015 un total de 114 diligencias de investigación penal, lo que supone el 31,6 por ciento del total de diligencias incoadas. De todas ellas, 42 fueron por delitos contra el medio ambiente, y 58 por delitos contra la ordenación del territorio.

Esta sección, dirigida por el fiscal José Luis Díaz Manzanera, realizó 51 escritos de calificación, dictándose 42 sentencias, de las que 34 fueron condenatorias y solo nueve absolutorias.

En cuanto a las diligencias de investigación por delitos contra la seguridad vial, han sido tramitadas 59, todas ellas a raíz de calificaciones remitidas por la Jefatura Provincial de Tráfico. De ellas, 47 concluyeron con denuncia y otras diez fueron archivadas, encontrándose dos en tramitación.

A este respecto, López Bernal ha destacado que el pasado año se redujo la mortalidad en las carreteras en un 44 por ciento, a pesar de los 14 fallecidos ocurridos en el fatídico accidente de autobús que se registró en la Venta del Olivo.

En 2015 también se incoaron 27 escritos de calificación en el ámbito de siniestralidad laboral. Por sectores de actividad, se produjeron 30 accidentes con resultado de lesión en Servicios; tres accidentes en Construcción respecto a los 11 del año anterior; 25 en Industria; y 26 en el sector agrícola.

López Bernal ha llamado la atención sobre el hecho de que la siniestralidad laboral registrado en el sector de la Construcción resulta "casi insignificante" en relación con los demás sectores, "posiblemente por su falta de reactivación".

En cuanto a los delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, durante 2015 se incoaron nueve diligencias de investigación, terminando todas ellas en denuncias. Además, se incoaron 48 diligencias previas y 20 procesos abreviados.

Finalmente, en la sección de delitos contra las administraciones públicas se incoaron en 2015 un total de 43 diligencias de instrucción, presentándose 35 denuncias o querellas por delitos de prevaricación de autoridades o funcionarios públicos; cinco por delitos de malversación de caudales públicos; dos por cohecho; dos por tráfico de influencias y otros dos por fraude contra las administraciones públicas.

DISTINGUIDOS POR LA ORDEN DE SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

El acto ha contado con la asistencia del secretario General Técnico de la Administración de Justicia, Julio Fuentes Gómez, para la imposición de las distinciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort en la Región, concedidas en 2016 por el Ministerio de Justicia.

En concreto, han sido distinguidos Mariano Espinosa de Rueda-Jover, que ha recibido la Cruz Distinguida de 1ª Clase; así como María López Márquez, Cruz Distinguida de 2ª Clase; y Alfonso Tormo Tomás, Medalla de Plata del Mérito a la Justicia.

En cuanto a los reconocimientos, han sido distinguidos Manuel Rodríguez Gómez, Magistrado-Coordinador Académico, por su trabajo en potenciar las áreas de colaboración entre el Tribunal Superior de Justicia y la Universidad de Murcia; así como Joaquín Ángel de Domingo Martínez, Magistrado-Coordinador Educando en Justicia, por la apuesta decidida por este programa que ha superado con éxito su décima edición en la Región de Murcia.

En tercer lugar, se ha otorgado un reconocimiento a Cristina López de Rodas Noguera, directora de Comunicación del TSJMU, por su contribución al diseño y puesta en marcha del Portal de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia en 2015, proyecto piloto junto con el de Baleares, que ha dado paso en 2016 a creación de los Portales de Transparencia de los órganos judiciales en el resto de Tribunales Superiores y en la Audiencia Nacional.

En cuarto lugar, ha sido distinguido Francisco Saavedra García, director de la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública en la Región de Murcia, por su "generosidad en la colaboración con el Tribunal Superior de Justicia y su compromiso con la formación como factor de cambio esencial para la modernización y mejora de la calidad de la acción administrativa".

También se ha reconocido el grupo de Buenas prácticas en la tramitación de delitos contra la hacienda pública, integrado por funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en la Región de Murcia, la Abogacía del Estado, magistrados y letrados de la Administración de Justicia para la mejora de la calidad y cantidad de la respuesta judicial.

Asimismo, se ha distinguido al grupo de trabajo cuya labor se ha materializado en una guía recopilatoria de los principales criterios seguidos por los distintos órganos jurisdiccionales del orden civil del ámbito del TSJ en materia de tasación de costas.

Se ha distinguido también al grupo de trabajo integrado por registradores, magistrados y letrados de la Administración de Justicia para la promoción de buenas prácticas procesales en materia concursal en coordinación con los Registros de la Propiedad y Mercantiles, para dotar de mayor seguridad jurídica al tráfico inmobiliario.

Finalmente, han recibido un reconocimiento el grupo de trabajo integrado por funcionarios de los tres cuerpos administrativos de la Administración de Justicia por su trabajo para optimizar la gestión documental en el ámbito gubernativo del TSJ, eliminando la documentación en papel.