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Ledesma (PP) plantea regular por ley la orientación jurídica para dar estabilidad a estos servicios

Fernando Ledesma
Fernando Ledesma (PP)
  • El portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario del PP de las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha planteado este jueves regular el asesoramiento y la orientación jurídica a colectivos como inmigrantes, mujeres víctimas de la violencia machista y presos para dar "estabilidad" a estos servicios, que prestan desde hace décadas los colegios de abogados.

Ha registrado la proposición de Ley de Garantía Jurídica Universal Aragonesa, con la que el PP quiere completar la asistencia jurídica gratuita.

La iniciativa legislativa pretende asegurar la financiación pública y que sean los colegios de abogados los que los presten, ha dicho Ledesma, subrayando que "se ha demostrado con el tiempo que los abogados son los mejores profesionales para prestar estos servicios", mejor que si se privatizaran. El Grupo Popular de las Cortes se reunirá con los colectivos profesionales implicados para pedirles que aporten cualquier mejora.

En rueda de prensa, Fernando Ledesma ha señalado que la iniciativa también tiene como objetivo "evitar que se tenga que ir a los tribunales como única alternativa para restablecer los derechos" y ha llamado la atención sobre las necesidades de asistencia jurídica de colectivos como los inmigrantes y su riesgo de exclusión social. Ha observado que "reciben muchos documentos" que requieren asistencia letrada.

El parlamentario del PP ha enmarcado esta proposición de ley en el carácter social del Estado, añadiendo que en el caso de los inmigrantes "la integración es la mejor arma para luchar contra la xenofobia". Ha rechazado la privatización del asesoramiento jurídico.

Ha recordado que las mujeres víctimas de violencia de género necesitan, asimismo, asesoramiento previo a los tribunales. Ha alertado de que estos servicios, que prestan los colegios de abogados, no pueden estar "al albur del momento político" ni de "los recortes que puede haber o no", o de la privatización.

Ha lamentado que el servicio de orientación penitenciaria no recibe actualmente subvención pública, aunque "no por eso los abogados han dejado de prestar ese servicio". Al estar privados de libertad, los presos no pueden acceder al asesoramiento jurídico tradicional.

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