El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado a declarar como investigado a David Conesa, ex jefe de gabinete del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en su etapa como consejero de Educación, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El magistrado le tomará declaración el próximo día 4 de octubre junto a otras cuatro personas el exalcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras, una de sus colaboradoras, María García, un jefe de gabinete de la senadora del PP por Murcia, Pilar Barreiro, Francisco de Asís Ferreno y la funcionaria del Consistorio, María del Mar Conesa.

El instructor les investiga por delitos de malversación de caudales públicos, fraude y revelación de información a la vista de los informes remitidos por la Guardia Civil sobre la relación de ayuntamientos murcianos con empresas de la trama Púnica, en concreto, las vinculadas al empresario Alejandro de Pedro, dedicadas a trabajos de reputación on line.

En uno de ellos la Unidad Central Operativa (UCO) atribuía a Pedro Antonio Sánchez un supuesto delito de fraude en materia de contratación pública que habría cometido al acordar el pago de 32.000 euros para que las empresas del supuesto 'conseguidor' de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, mejoraran su imagen y poder progresar así en su "carrera política".

Según consta en el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, al que ha tenido acceso Europa Press, la contratación no se llegó a materializar gracias a la operación policial que estalló en octubre de 2014, "si bien los indicios apuntan a que sí se materializó el concierto para la adjudicación, a través de las distintas reuniones y contactos entre las partes".

El Instituto Armado se incautó en el registro de la empresa de De Pedro, Eico-Madiva, de la hoja de pedido, en la que se desgrana que los servicios contratados se prolongarían desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 30 de mayo de 2015 por un precio total de 32.200 euros sin IVA, a razón de 4.600 euros mensuales.

"No son prestaciones que responsan a una necesidad pública, sino al interés personal del consejero -Sánchez era entonces titular de Educación- para validar su gestión, contrarrestar las noticias desfavorables a su persona y poder progresar en su carrera política", destaca el informe, fechado el pasado 13 de mayo.

La UCO considera así que el actual presidente murciano habría realizado en su etapa como consejero de Educación "supuestos trabajos reputacionales sufragados indiciariamente con fondos públicos", todo ello enmascarado como un "un eventual contrato en materia de formación".

Los investigadores consideran también que la ex senadora del PP por esta región, Pilar Barreiro, -que repite como candidata a la Cámara Alta en las listas 'populares' para las próximas generales- pudo incurrir en un delito de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias en su etapa como alcaldesa de Cartagena y exdiputada nacional.

En concreto, el delito estaría relacionado con la contratación por parte del Ayuntamiento de Cartagena de una supuesta campaña de publicidad institucional, que, en realidad, encubría la contratación de un periodista para la difusión de noticias favorables a Barreiro en un diario online de De Pedro, así como el concierto para el pago de los servicios reputacionales a través de un plan de medios.

Los agentes atribuyen delitos de malversación, fraude y tráfico de influencias a Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, quien "tenía una trayectoria personal y política que le daba la posibilidad de acceder a cargos de la Administración y comercializar de forma ventajosa los servicios de reputación online de las empresas de De Pedro, así como de acceder a cualquier otro contrato público que quedara a su alcance".

PILAR BARREIRO, EL "NEXO DE UNIÓN"

El caso se remonta al año 2014 cuando, tras la dimisión del antiguo presidente Ramón Luis Válcárcel, se abrió una "carrera" en el seno del partido entre los entonces candidatos a la Región de Murcia, Juan Carlos Ruiz y Pedro Antonio Sánchez. De Pedro se concertó con Jose Antonio Alonso Conesa -que fue exalcalde de Cartagena con el PSOE- para conseguir contratos públicos que sirvieran para mejorar la reputación online de Ruiz.

De igual modo, Pedro Antonio Sánchez tenía "premura" por iniciar cuanto antes este tipo de servicios al tener "temores a las consecuencias reputacionales de una nueva posible imputación". "El nexo de unión entre ambas tramas, la del Ayuntamiento de Cartagena y la Consejería de Educación de Murcia, fue Pilar Barreiro", expone el informe.

En este punto, Alonso Conesa, "aprovechando su relación" con su sucesora en la alcaldía Pilar Barreiro, trató de influir para que ésta y Pedro Antonio Sánchez contrataran a la empresa Madiva Editorial y Publicidad, en la que De Pedro contaba con periodistas para escribir noticias favorables, que se nutrían fundamentalmente de la información ofrecida por los gabinetes de prensa de las instituciones públicas.

En cuanto a la reputación de Pilar Barreiro, la trama creó 'ad hoc' el diario digital 'noticiascartagena.es', que serviría como "altavoz" para difundir noticias positivas de la entonces alcaldesa de Cartagena.

UN "ARDID" PARA CAMUFLAR EL PAGO DE FONDOS PÚBLICOS

Los agentes creen que el dinero público invertido "supuestamente" para promocionar el municipio y colocar banners de publicidad escondía el "ardid" para sufragar estos medios centrados en posicionar la imagen de la exregidora. El grupo se servía también de una "red de diarios zombies", que se alimentaban automáticamente de notas de prensa y conseguían dar mayor visibilidad a su contenido.

De hecho, uno de sus trabajadores atribuyó su "cese" a que colgó una noticia negativa del caso Novo Carthago, que implicaba a Barreiro, y expuso que el Ayuntamiento era el único patrocinador. Uno de los correos electrónicos cruzados entre De Pedro y su trabajador Francisco Javier Bueno corroboraba su sentir: "Lo mejor es prescindir del periodista. Que no nos joda el invento".

La Guardia Civil destaca que fraccionaron la facturación a dos empresas diferentes, "posiblemente Madiva Editorial y Mistral Inv", para "evitar controles de intervención". El consistorio de Cartagena cargó 4.840 euros al grupo, que se congratuló de que "el diario y las redes sociales estaban yendo genial" y eran los mejor situados en la localidad.

La Guardia Civil incluye en su informe anexos con correos intercambiados entre los responsables de Madiva y el empresario De Pedro. En ellos se realiza un seguimiento de los periodistas contratados para las labores de mejora reputacional, en los que se analiza su trabajo con comentarios como "es un niño bien e inmaduro", "le falta instinto periodístico", "hace lo justos" o "le hace falta la pasta".

Los principales responsables de la compañía ligada a la trama hablan de promocionar el medio creado respecto a Barreiro en "Google +" donde sólo tienen un seguidor y fijan que una de cada seis noticias publicadas en el digital debe ser que la alcaldesa de Cartagana "con foto y positiva". En otro de los emails, el director de Madiva recuerda a De Pedro su promesa de conseguirle un autógrafo de 'Florentino'.