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Tribunales.- Fijadas el 20 y 21 de octubre las comparecencias suspendidas del caso de La Algaba

  • SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

Tras suspender las comparecencias previstas para este jueves y el viernes por la causa en la que figura como investigado por posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos el alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera Piñero (PSOE), el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla ha fijado para los días 20 y 21 de octubre las cuatro citaciones anuladas, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

La comparecencia del propio Diego Manuel Agüera abría este jueves la tanda de comparecencias ordenadas por la citada instancia judicial en un auto emitido el pasado 18 de julio, a cuenta de la grabación en la que el propio primer edil habla de la adjudicación de contratos a un empresario, por el hecho de ser el padre de una militante socialista.

En dicho auto, recogido por Europa Press, la juez Patricia Fernández ordenaba que los días 22 y 23 de septiembre declarasen "con la condición de investigados por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos", el alcalde socialista de La Algaba, el dirigente socialista y coordinador de recursos y proyectos del Ayuntamiento Fernando Tirado Díaz y las hermanas Elisa Isabel y Dolores Fátima Cano Gallardo, como titulares de la empresa adjudicataria de un contrato promovido en 2010 por el Consistorio, para comprar diez carros de basureros y un equipo de baldeo móvil, y Fernando Tirado Díaz.

No obstante, la juez instructora ha suspendido las cuatro comparecencias y las ha vuelto a fijar los días 20 y 21 de octubre, para permitir la plena participación de las nuevas partes personadas en las diligencias, la Diputación de Sevilla e IU-CA.

MÁS COSTES PARA EL AYUNTAMIENTO

Según la juez instructora del caso, de los términos de la investigación efectuada por la UCO "se desprende que dicha contratación (de 2010) pudo hacerse con fines de enriquecimiento de la empresa" de la que eran titulares las hermanas investigadas, "tras haberlo ofrecido verbalmente (el alcalde) al padre de éstas, aún suponiendo ello mayor coste para el Ayuntamiento tal y como se desprende de determinados extremos de la grabación" que dio inicio a la causa y que figura transcrita en un atestado de la UCO.

En el auto en el que la juez Patricia Fernández Franco cita como investigado al alcalde de La Algaba y al resto de imputados, se señala entre otros aspectos "la inmediatez con la que se amplía el objeto social" de la empresa Materiales de Construcción Romecan S.L., las "irregularidades en la entrega de los carros, la falta de justificación y contradicciones de quienes han declarado hasta la fecha sobre el número de unidades realmente entregadas y el eventual sobrecoste vinculado a esta operación".

Para la juez, la operación, siempre presuntamente, "pudo generar un perjuicio para las arcas públicas, teniendo en cuenta que la adquisición de hizo con fondos procedentes de una subvención de la Diputación Provincial y que, a día de hoy, no consta de forma fidedigna si los carros llegaron a entregarse en su totalidad o no".

"A LOS PIES DEL PSOE"

En la conversación grabada y elevada a los juzgados, de cualquier modo, el alcalde de La Algaba trasladaba a una empleada municipal y militante socialista que en ese municipio "se está a los pies del PSOE", señalando que el Ayuntamiento adjudicó al padre de esta mujer un contrato municipal porque a él le salió "de la polla", porque había "más de 40 empresas" pujando por dicho contrato. "Hay más de cuarenta empresas y se la di a tu padre", asevera el alcalde en la grabación investigada.

De su lado, el alcalde ya reconoció a Europa Press ser el autor de las declaraciones grabadas sobre las que se sustenta la investigación, pero las encuadró en una conversación derivada de un conflicto político con el entonces marido de la militante, asegurando que todas las contrataciones municipales están "bajo el paraguas de la legalidad", mostrando su "arrepentimiento" y pidiendo "perdón" por sus palabras.

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