El presidente del Grupo Parlamentario Socialista y portavoz de Economía en las Cortes de Castilla y León, Javier Izquierdo, considera "increíble" que la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, pidiera la semana pasada el archivo de la causa por presuntas irregularidades en la compra del Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), conocido como la Perla Negra, y ha reclamado al Ejecutivo autonómico que se persone como perjudicado.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Izquierdo ha citado un informe de la Intervención General del Estado en el que se señala que el Gobierno de la región habría abonado un total de 70 millones de euros por el inmueble, diez más de los que fijaba la tasación pericial con el IVA incluido, por conceptos adicionales de obra que, sin embargo, "ya estaban incorporados en el precio inicial", por lo que se habría pagado por ellos "dos veces".

El procurador socialista ha respondido así a la portavoz de la Junta, quien subrayó que la Administración regional había asumido menos del valor que estimaba la tasación pericial, por lo que consideró que había motivos para el archivo de la causa y descartó que se hubiera producido un "pelotazo" con la operación, como defiende el PSOE.

En cualquier caso, Javier Izquierdo ha advertido de que aquella tasación, que cifraba el valor del edificio en 57 millones de euros, estaba por encima de los 41 que calcularon los técnicos de la Consejería de Hacienda, tras lo que ha recordado que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, "afirmó en su día que se atendría al valor" que establecieran los funcionarios.

Asimismo, ha subrayado que el director general de Presupuestos y Estadística, José Armando Baeta Canales, votó en contra del alquiler que, previamente, se contrató para el inmueble, anterior a su adquisición, y la titular de Hacienda, Pilar del Olmo, delegó la decisión en el entonces consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva.

A juicio de Izquierdo, esto respondía a que Del Olmo "intuía que era una mala operación y se quiso quitar el muerto de encima", una "dejación de funciones" por parte de la consejera que el político socialista ha tachado de "irresponsabilidad".

Asimismo, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista ha mostrado su sorpresa por que la Junta haya decidido personarse como perjudicada "sólo en el caso de los contratos de compra de mobiliario" para el edificio, en lugar de en lo relativo al grueso de la operación, por lo que ha pedido a Pilar del Olmo que aclare "en condición de qué" quiere participar el Gobierno autonómico en el proceso, pues "no vale estar a la vez" como víctima "y como defensa de algunos de los altos cargos encausados".

Para Javier Izquierdo, esto supone un "absoluto intento" de "encubrir el desfalco" y lo ha comparado con la actitud del PP en el caso Gürtel, donde este partido "fue expulsado de la causa por entorpecer la investigación", algo "inaceptable para una institución como la Junta", por lo que ha advertido de que el PSOE "no permitirá que los 'populares' sigan rebozando las instituciones en el fango".

En este sentido, ha pedido que el Ejecutivo regional se persone definitivamente como perjudicado en toda la causa y ha advertido de que, si no es así, su grupo presentará una Proposición No de Ley en las Cortes para instar al Gobierno de la Comunidad a hacerlo.

POLÍGONO DE PORTILLO

En su rueda de prensa ofrecida en la sede del Parlamento castellanoleonés, Izquierdo se ha referido también a las supuestas irregularidades cometidas en la compra de los terrenos para la construcción del polígono industrial de Portillo (Valladolid), que según el informe de la Intervención General del Estado, habría supuesto un desembolso a las arcas autonómicas de 33,7 millones de euros para adquirir a la empresa Parque Empresarial de Portillo unas parcelas por las que ésta sólo habría pagado 17.

En concreto, ha puesto el caso de 14 fincas rústicas cuyo valor era, de acuerdo con la Consejería de Agricultura y Ganadería, de 269.273 euros, pero por el que la sociedad pública ADE gastó 12,8 millones.

Además, el procurador del PSOE ha advertido de que antes de que los terrenos fueran propiedad de Parque Empresarial de Portillo, se produjeron sucesivas operaciones de compraventa entre otras empresas como Urban Proyecta o Cementos La Bureba, lo que supuso una gradual multiplicación de su valor, tal como ha apuntado.

En este sentido, Izquierdo ha lamentado que de forma simultánea a este "saqueo", la Junta de Castilla y León asegurara que "no podía pagar más" por las expropiaciones de terrenos a agricultores para otro proyecto industrial, el del macropolígono del Canal de Castilla.

Ante esto, el portavoz socialista de Economía en las Cortes se ha comprometido a "no dejar de trabajar" para investigar lo ocurrido, a pesar de que la comisión constituida en las Cortes para ello, así como para las posibles irregularidades en la concesión de licencias para parques eólicos, se encuentre en "rigor mortis" por "culpa" de su presidente, Juan José Sanz Vitorio, al que, según Izquierdo, han "premiado" por ello con la portavocía del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara.