Los juzgados y tribunales de la Comunitat Valenciana tramitan en la actualidad unas 250 causas de corrupción de especial complejidad, lo que ha obligado a destinar apoyos a los órganos judiciales encargados de instruir estos asuntos. El objetivo es, por un lado, agilizar los procesos y, al mismo tiempo, evitar que se resienta la tramitación de los asuntos ordinarios.

Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencian (TSJCV), Pilar de la Oliva, durante su intervención en la Apertura del Año Judicial, en un acto en el que ha estado acompañada por el fiscal superior de la Comunitat, Antonio Montabes; la consellera de Justicia, Gabriela Bravo; y diferentes autoridades del mundo judicial y policial.

En su discurso, De la Oliva ha puesto de manifiesto la falta de recursos en justicia, lo que complica la atención de los numerosos asuntos que se tramitan en los juzgados valencianos. Como ejemplo, se ha referido a la jurisdicción penal, y ha destacado que en este territorio existen en estos momentos alrededor de 250 causas de corrupción de especial complejidad.

Ante esta situación, se ha intentado destinar apoyos a estos juzgados que conocen asuntos especialmente complejos o voluminosos, ha explicado De la Oliva. Pese a ello, ha lamentado que la situación en los juzgados penales de Castellón, Alicante, Gandia y Torrevieja "sigue siendo altamente preocupante".

Por otro lado, en materia mercantil, los juzgados superan "ampliamente" el número de asuntos que deberían tramitar, según los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); en los juzgados de lo Social, a la "ingente" carga de trabajo que ya recaía sobre ellos, "se han añadido nuevas materias" como consecuencia de recientes reformas legislativas.

En el orden Contencioso-Administrativo, también el número de asuntos es voluminoso, ha afirmado De la Oliva, quien ha abogado por establecer juzgados comarcales especializados y asistidos de profesionales para la mejor protección y garantía de los ancianos y personas con capacidad judicialmente modificada.

En total, en 2015 han ingresado en los juzgados y tribunales de la Comunitat, en todos los órganos jurisdiccionales, prácticamente un millón de asuntos. También en este periodo se ha puesto fin a casi un millón de asuntos. "Importa resaltar entonces que se han resuelto unos 25.000 asuntos más de los que han entrado", ha afirmado.

"DIFÍCIL" SITUACIÓN

De la Oliva se ha mostrado "consciente" de la "difícil" situación económica que atraviesa España, por lo que ha abogado por el desarrollo de la Oficina Judicial, la potenciación de Servicios Comunes y la idea de posibles tribunales de instancias para optimizar los "limitados" recursos disponibles.

"La realidad de nuestra justicia -ha añadido- no es muy diferente de la que describía en anteriores discursos: sobrecarga de trabajo, escasez de medios, modelo organizativo inadecuado... En suma, una justicia que intenta salir adelante, a trancas y barrancas, gracias al voluntarismo, al empeño de magistrados, jueces y funcionarios de todas las categorías que desarrollan un esfuerzo muy superior al lógicamente exigible".

Ante ello, ha indicado que está "moralmente obligada" a solicitar de las administraciones públicas "el apoyo y soporte imprescindible para mejorar la difícil situación de los juzgados y tribunales".

A su juicio, el ideal de una justicia eficaz, rápida y jurídicamente fundada "es una exigencia del Estado de Derecho y, a la vez, un derecho irrenunciable de todos y cada uno de nuestros conciudadanos". Pero también una justicia ágil y bien organizada es, según la presidenta, "una palanca de progreso, de activación económica, de desarrollo", y en este contexto "constituye un incentivo para toda clase de inversiones que pueden generar bienestar social".

Por todo, De la Oliva mantiene la "esperanza" en que los responsables políticos, las instituciones y los ciudadanos "sigan empeñados en realizar cuanto sea necesario para que los españoles y los valencianos tengan algún día, por fin, la Administración de Justicia que se merecen".

GÜRTEL E IMELSA

El TSJCV está pendiente de dictar la sentencia de la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a presuntas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, cuyo juicio concluyó el pasado mes de abril. Preguntada a De la Oliva -quien ha presidido el tribunal juzgador- por los plazos, ha indicado que están "trabajando".

"Seguimos trabajando con la mayor intensidad", ha dicho, y ha agregado: "Es un trabajo muy complicado, es un año de juicio, muchos testigos, muchos acusados que declararon y una prueba documental ingente que hay que ver todo y coordinar todo. Hay que poner en relación unos correos con otros y hay que construir una realidad que pasó hace muchos años". "La sentencia es un todo, y cuando se notifique, verán lo que es ese todo", ha apostillado.

Por otro lado, se le ha preguntado a De la Oliva por la situación del diputado en las Corts y exconcejal del Ayuntamiento de Valencia Miquel Domínguez, sobre quien el juez que instruye el caso Imelsa pidió que se investigase por un presunto delito de blanqueo de capitales al ostentar la condición de aforado. "La Sala notificará la resolución que consideremos oportuna en el momento adecuado. Tenemos muchas cosas además de este caso, tenemos nuestros trámites y nuestros calendarios y se va resolviendo todo", ha aseverado.