Según han informado, la ampliación se registró el pasado viernes. El proceso, según han recordado, se inició al comunicar a Fiscalía que la Asociación llevaba más de dos años detrás de este presunto delito ecológico, cometido presuntamente por los responsables de la cantera.

Los resultados de unos análisis practicados en un torrente cercano demostraron su contaminación por hidrocarburos. La Fiscalía de Ibiza, al tener conocimiento de los informes, tomó la decisión de denunciar los hechos ante el Juzgado y ofició al Seprona para que volviera a recoger muestras.

La entidad vecinal ha recordado que de las mismas se desprende que "existe una relación clara entre los materiales de arrastre pluvial provenientes de la cantera de Ses Planes y los materiales que se están acumulando sobre la superficie del lecho del Torrent de Sa Font". Dichos materiales están produciendo una contaminación física y una alteración de las condiciones del suelo del lecho torrencial.

Los vecinos también han destacado que los vertidos de materiales de arrastre pluvial procedentes de la cantera se están llevando a cabo, según parece, sin contar con ninguna autorización de vertidos expedida por la Dirección General de Recursos Hídricos y presentan unos niveles elevados de hidrocarburos totales del petróleo (TPH) que podrían constituir un riesgo potencial para la contaminación de las aguas, suelos, comunidades animales y vegetales del lecho torrencial, además de un riesgo potencial sobre la salud de las personas.

Entre otras consideraciones, según los vecinos, se ha descubierto que los niveles de TPH del vertido son 36 veces mayores que el límite establecido legalmente, "lo que no sólo contamina el torrente, sino que presuntamente se ven afectados los acuíferos también", han dicho.

La Asociación denunció públicamente en julio la existencia de un

nuevo vertido de la cantera que, presuntamente, estaba contaminando el Torrente de sa Font. Días después, la Fiscalía decidió denunciar el presunto delito y ha ordenado al Seprona la realización urgente de nuevas pruebas periciales.

El colectivo vecinal ha aportado también nuevas fotografías sobre la contaminación de partículas en suspensión para demostrar los "incumplimiento continuos" de las prescripciones de seguridad que la Administración regional urgía a cumplir a la empresa explotadora, como humedecer adecuadamente las áreas de trabajo.

La Asociación sigue solicitando al Ayuntamiento de Santa Eulària que, mientras los procesos judiciales sigan abiertos, no se conceda a la empresa explotadora las licencias de actividad para poder instalar tanto la planta de asfalto como la planta de hormigón.